Ex miembros de las fuerzas armadas presentaron hábeas corpus con el fin de  anular la designación del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido y la designación Iber Maraví Olarte como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

En la demanda se sustenta la nulidad de ambas designaciones por sus vinculaciones con grupos terroristas. Asimismo, señalan que en el caso no se acepte el primer pedido se ordene al personal policial y de las fuerzas armadas a no entregar a los demandados información vinculada a las acciones o programas de inteligencia, contrainteligencia, planeamientos, estrategias, tácticas o demás acciones e investigaciones contra el terrorismo y/o narcoterrorismo.

De igual modo, se exige que se ordene al presidente abstenerse de designar en dichos cargos a personas que tiene investigaciones o vínculos indirectos con el terrorismo.

¿Cuáles son las razones?

En el escrito se puede leer que los principales fundamentos se basan en las notas periodísticas que informan sobre los vínculos de Bellido y Maraví con Sendero Luminoso. Así, se resalta las declaraciones de Bellido sobre la terrorista Edith Lagos, al referirse hacia ella como líder y la negativa de condenar a Sendero Luminoso, lo cual señalan como sustento para advertir la simpatía con el grupo terrorista.

Cabe resaltar que exigen dichas medidas debido a que ahora como premier tendrá acceso a la información vinculada con las estrategias de lucha contra el terrorismo y narcoterrorismo. Por lo que existiría un riesgo para los funcionarios designados.

De igual modo, en el caso del actual ministro de Trabajo, señalan que existen vínculos con dirigentes del Movimiento por la Amnistía de los Derechos Fundamentales (Movadef) que han sido revelados en el diario Perú21. En dicha nota, se indica que Iber Maraví tuvo la condición de Secretario de Juventudes del Movadef.

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Así señala que “la designación en uno de los más altos cargos públicos del Poder Ejecutivo a una persona que exaltan a un terrorista o que es investigada por apología al terrorismo, pone en riesgo la seguridad nacional, pues esos grupos precisamente se dirigen a atacar la legitimidad del poder del Estado”.

Asimismo, resaltan que sería irrazonable que personas que tienen vínculos con terroristas sean jerárquicamente superiores a los militares o policías. Por ende, se pone en riesgo o se amenaza con vulnerar el derecho a la vida, a la integridad personal y bienestar del personal policial y de las fuerzas armadas que se encargan de combatir el terrorismo.

Por último, citan el artículo 34 del Reglamento del Congreso donde se ordena que no puede ser miembro titular o accesitario el congresista que está siendo investigado por algunos de los delitos previstos en los artículos 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 316 y 317 del Código Penal, así como en el Decreto Ley 25475 o en la Ley 30077, por lo cual señalan que existe mayor fundamento para que una Premier que está siendo objeto de una investigación por terrorismo no pueda acceder al cargo.

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