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La aplicación del principio de confianza en los delitos contra la Administración Pública y el de lavado de activos

La aplicación del principio de confianza en los delitos contra la Administración Pública y el de lavado de activos

En su revista Nº 338, Actualidad Jurídica presenta un informe especial sobre “La aplicación del principio de confianza en los delitos contra la Administración Pública y el de lavado de activos”. En la siguiente nota, entérese más sobre este y otros contenidos que podrá encontrar en la edición enero.

Por Redacción Laley.pe

lunes 14 de febrero 2022

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En su edición del mes de enero, Actualidad Jurídica nos trae un informe especial sobre la aplicación del principio de confianza en los delitos contra la Administración Pública y el de lavado de activos.

En este informe se presenta el desarrollo del principio de confianza como parte de teoría de la imputación objetiva en el marco de los referidos delitos. En ese sentido, se realiza una breve explicación del contenido de los elementos objetivos del tipo penal, como paso previo a la exposición de la teoría de la imputación objetiva.

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Posteriormente, se hace un repaso de los principales pronunciamientos de la Corte Suprema sobre el principio de confianza, tanto respecto de criterios generales como específicos en la aplicación de los delitos citados. Finalmente, se hace una exposición de los aspectos pendientes de desarrollo por la jurisprudencia.

Por otro lado, en su sección de Actualidad Civil y Procesal Civil, se desarrolla un artículo sobre las diferencias patrimoniales entre la institución del matrimonio y la unión de hecho; en donde se analiza la naturaleza jurídica del derecho de la propiedad y cómo las diferenciaciones patrimoniales entre matrimonio y unión de hecho lesionan el mencionado derecho fundamental; proponiendo las medidas normativas que superen el status quo de tal problema que no han sido resueltos.

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Más adelante, en su sección de Actualidad Penal y Procesal Penal, se desarrolla la determinación judicial de la reparación civil derivada de un hecho punible aduanero, sea por daños patrimoniales o por daños extrapatrimoniales. Se sostiene que, cuando corresponda el pago de la reparación civil, esta debe efectuarse a favor de Sunat, quien actúa en representación del Estado, más allá de la pena privativa de libertad por la comisión de delitos de contrabando.

Ahora bien, en la sección constitucional se describe la justicia restaurativa en el ejercicio de la jurisdicción comunal y se pronuncia sobre su eficacia en la reparación del eventual daño ocasionado, el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia y la armonía al interior de una comunidad.

Finalmente, en la sección laboral se desarrolla el marco normativo de la eutanasia en relación con el derecho fundamental a la vida, a propósito del caso Ana Estrada.

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