El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial declaró infundada la solicitud de tutela de derechos que presentó el presidente Pedro Castillo.

El juez que ve la investigación al jefe de Estado señaló que no existen pruebas de que la Fiscalía de la Nación haya filtrado información, argumento al que se ciñó la defensa del mandatario para pedir dicha apelación.

El fallo fue anunciado por la cuenta oficial del Poder Judicial este miércoles y señalaba que el magistrado Juan Carlos Checkley desestimó el pedido de tutela presentado por Benji Espinoza, alegando que había “una supuesta vulneración a la reserva de la información dentro de las investigaciones” contra Pedro Castillo.

El juez Checkley resolvió que “se ha desvirtuado que la Fiscalía de la Nación haya filtrado o permitido la filtración de información sobre las presuntas declaraciones que, en la prensa, se le han atribuido al investigado Bruno Pacheco Castillo”.

El pedido se dio luego de que el exasesor del Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, diera a conocer una serie de detalles relacionados con las diligencias que se hacen respecto a Castillo por el caso de los ascensos de las Fuerzas Armadas y la PNP, cuestión que surgió luego de que dos oficiales denunciaran que habían sido sometidos a presiones por parte de Pacheco para designar a generales en la PNP.

Es importante recordar que en junio de este año, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la tutela de derechos con la que Pedro Castillo buscaba detener las investigaciones en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Ambas tutelas de derecho fueron planteadas por diferentes motivos. 

¿Qué buscaba esta solicitud de tutela de derechos?

El recurso fue presentado por la defensa del mandatario, argumentando una presunta violación a los principios constitucionales de legalidad procesal y al principio de seguridad jurídica.

Al respecto, el juez Juan Carlos Checkley considera que si bien el jefe de Estado solo puede ser acusado por los supuestos que contempla el artículo 117 de la Constitución, ello no anula la posibilidad de iniciar una investigación preliminar siempre que existan justificaciones razonables.

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