Un estudiante solicitó retirarse de un doctorado de educación superior impartido por la Universidad César Vallejo, debido a que la experiencia académica de la escuela de postgrado lo dejó insatisfecho.

En su demanda, el alumno aseguró que la universidad no cumplió con ofrecerle un servicio educativo de calidad, en atención a los parámetros que establece la Sunedu y que la calidad académica era deficiente. El su primer argumento explicó que nunca recibió capacitación para cursar correctamente sus estudios, en concreto, no se lo instruyó en el uso de la plataforma «Clementina», el sistema que la Universidad Cesar Vallejo utiliza para impartir sus clases.

Debido a estar consideraciones, solicitó el retiro inmediato del doctorado y la devolución de los gastos económicos. A pesar de estos argumentos, la univerisdad se negó a retirarlo y lo «manturvo prácticamente atado a la institución como alumno regular», es decir, la UCV lo inscribía a cursos, talleres, pendientes académicos que ocasionarían que se vea en la obligación de asumir pagos y costos que fueron ilegítimos e incluso ilegales, según el demandante.

En esa misma línea, informó que desde el primer curso del doctorado que desarrollaron se varió el horario sin comunicación previa con los alumnos, lo que perjudicó sus horarios de trabajo. Estos datos fueron proporcionados con la intención de que la jueza los tenga en consideración para determinar el daño ocasionado. También agregó ser una persona vulnerable: sufría de asma y diabetes.

El demandante enlistó un conjunto de deficiencias que le habrían ocasionado un perjuicio en su calidad de estudiante: 

• Nunca obtuvo respuesta de los asistentes académicos 
• No cuenta con apoyo de las áreas que deberían encontrarse a disposición del estudiante 
• No existen mecanismos de protección a los doctorandos 
• No existe asistencia académica que funcione 
• No existe coordinación que canalice los reclamos o quejas de los alumnos
• No existe gestión de calidad

La UCV nunca contestó la demanda de amparo interpuesta por su propio alumno, pese a estar debidamente motivada. 

Luego de examinar el caso, la jueza constitucional consideró que se concretó la vulneración al derecho a la libre elección del centro de estudios, sin embargo, agregó que mediante un proceso de amparo no es posible que los jueces se pronuncien sobre la calidad educativa impartida por la universidad. Esta información es importante precisarla para evitar imprecisiones jurídicas.

Fundamento destacado: 3.3. Es así, que la pretensión del demandante está vinculada con el derecho a la educación del demandante en su vertiente de libre elección del centro docente; y se ha acreditado en el presente proceso que el demandante ha solicitado a la universidad demandada a que se proceda al retiro del doctorado en educación; sin que la demandada haya cumplido con lo solicitado, pues la demandada no le comunicó formalmente sobre la decisión de retiro y más bien, ha continuado con remitir información respecto al doctorado en educación para el 2do Ciclo 2022-I; vulnerando el derecho a la educación del demandante.

3.4. Es importante precisar que si bien en el presente caso el demandante alega que no habría recibido una educación de calidad por parte de la universidad demandada; no es competencia de un proceso constitucional de amparo, pronunciarnos respecto al nivel y/o calidad educativa impartida por la demandada; sino, únicamente al acreditarse la vulneración al derecho a la educación en su vertiente de libre elección del centro de estudios; se proceda por parte de la demandada a su retiro de dicha casa de estudio.

3.5. Motivo por el que, debe estimarse la presente demanda, disponiendo el retiro en forma completa del demandante del Doctorado en Educación, de la universidad demandada.

A propósito de este argumento, es importante precisar que el demandante, advertido de la jurisdicción competente, antes de que la jueza resuelva, envió un correo electrónico a la demanda para informar que presentó una denuncia administrativa ante el Indecopi, en cuyo contenido solicitó que la universidad no continúe enviando información académica.

La jueza constitucional conminó a la UCV a cumplir con la sentencia, ya que al no hacerlo, sería multada con 5 UIT (Unidades Impositivas Tributarias). Finalmente, declaró fundada la demanda y ordenó que el demandante sea retirado por completo de doctorado.

La sentencia no se pronuncia sobre la devolución del dinero que el demandante requirió por los gastos irrogados a cuenta del doctorado.

res_20210068601015010002264… by Redaccion La Ley – Perú