La Corte Suprema acaba de emitir la Casación 2619-2021, Piura, en cuyo contenido resolvió el caso de un juez que condenó a un funcionario público por el delito de colusión simple al considerar un informe especial de la Contraloría como prueba indiciaria.

En el contenido de la resolución se explica que la sentencia condenatoria se fundamentó en un informe especial emitido por la Contraloría, es decir, un documento emanado de una entidad administrativa, que contempla sus propias vías para procesar y sancionar a funcionarios cuando existan indicios de responsabilidad funcional.

Sin embargo, este informe especial fue considerado como prueba indiciaria por tratarse de una pericia oficial, de acuerdo a la resolución. Esto produjo una investigación penal que acabó por condenar al funcionario. 

En tanto el proceso penal seguía su curso, en simultáneo, el caso fue elevado a la segunda instancia administrativa de la Contraloría, es decir, ante el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, cuyos vocales analizaron el informe especial y resolvieron que no hubo responsabilidad funcional.

En sencillo, cuando en segunda instancia de la Contraloría se determinó que no hubo responsabilidad funcional, en la vía penal ya se lo había condenado.