Una Asamblea Constituyente es un espacio de deliberación, similar a un Congreso, en el que participan un conjunto de personas elegidas democráticamente cuya tarea central es elaborar la norma más importante del país: la Constitución, que regula los derechos fundamentales de las personas y la forma de organizar el poder.

La actual Constitución de 1993 no permite convocar a una Asamblea Constituyente. Para hacerlo habría que modificarla, incluyendo una disposición que la autorice, tal como ocurrió en Chile. Otros países, como Costa Rica y Colombia, optaron por incluirla en su Constitución. El Perú no lo hizo. La Constitución solo autoriza su reforma parcial y total siguiendo dos procedimientos. El primero a través de la aprobación de una mayoría absoluta de los miembros del Congreso y luego su ratificación mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum, y este es el segundo procedimiento, si la reforma se aprueba en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable superior a los dos tercios del número legal de congresistas. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional (STC N° 001-2022-PI/TC, FJ 100). En sus 30 años de vigencia, se han aprobado 26 leyes de reforma parcial. Algunas innecesarias. Sólo 3 de estos cambios se hicieron por referéndum.

En los últimos años ha vuelto al debate la Asamblea Constituyente. No es un tema nuevo. De existir, debería ser fruto del consenso y no una imposición. No es la solución a todos los problemas y tampoco el origen del caos.

Promover una Asamblea Constituyente requiere precisiones. Saber cuál sería el sistema de elección de sus integrantes, quiénes la conformarían, cómo se garantizaría la participación ciudadana, cuánto duraría y cuál sería su relación con el Congreso para evitar conflictos. ¿Será aprobada por una mayoría simple o calificada? ¿El texto será consultado a la ciudadanía? No basta con un «si» o un «no» a un texto de más de 200 artículos. Hay que estar informados para decidir. Una Asamblea Constituyente no debe servir para retroceder en el reconocimiento de derechos y principios democráticos. Todo retroceso debe ser rechazado. La idea de un poder constituyente absoluto e ilimitado como fue pensado en el siglo dieciocho, hoy no puede ser aceptado.

La Constitución ¿requiere cambios sustanciales? Sí. Lo más relevante es determinar cuáles y no seguir insistiendo en “parches” que no impactan en el modelo. Hay que revisar el diseño del Poder Ejecutivo, del Congreso, y el régimen de descentralización que no avanza. En realidad, la forma como se organiza y distribuye el poder en el Perú. Para ello, no es indispensable una Asamblea Constituyente. Un Congreso puede hacerlo. Sin embargo, el actual carece de legitimidad y capacidad para ello. El cambio más importante que debió aprobar este Congreso era el adelanto de elecciones generales. Y, a la fecha, no lo ha hecho.

Solo el adecuado diseño de una reforma constitucional, que examine la realidad social y política del país y enfrente sus problemas centrales, puede contribuir a fortalecer la institucionalidad democrática. Es indispensable una seria labor de “ingeniería constitucional” que formule las “reglas clave”, que contribuyan a que la ciudadanía sienta que las instituciones son suyas, funcionan y atienden sus derechos. No existen recetas perfectas. Una Constitución debería ser como un traje hecho a la medida. Sin cambios bien pensados, bien diseñados y bien estructurados, seguiremos repitiendo la historia que ha hecho que en 200 años tengamos 12 constituciones, pero poca estabilidad democrática.