Mucho se ha escrito sobre la condena del absuelto. Inclusive, hace poco, mereció una modificatoria en el texto del Código Procesal Penal a efectos de viabilizar un recurso impugnativo pleno y eficaz, lo que no se obtenía con el recurso extraordinario de casación.

Sin embargo, nada se ha dicho con respecto al imputado cuando, en primera instancia, el órgano jurisdiccional competente deniega el requerimiento de prisión preventiva del representante del Ministerio Público y luego, en grado de apelación del persecutor del delito, la sala penal superior revoca la resolución de primera instancia y declara fundado el pedido de prisión preventiva.

La pregunta que debemos hacer es la siguiente: ¿con qué recursos queda ahora la prisión preventiva en segunda instancia?

Al igual que en el caso de la condena del absuelto, se encuentra huérfana de un recurso impugnativo eficaz que permita revisar, en la forma y en el fondo, la resolución judicial de segunda instancia que decretó la prisión preventiva del imputado. En definitiva, el recurso de casación no lo es, pues su riguroso control de admisibilidad no permitirá que toda resolución judicial de esta naturaleza pueda ser casado por parte de la Corte Suprema: la prisión preventiva no puede cesar de manera inmediata.

En consecuencia, si la libertad personal es entendida como un derecho fundamental esencial según el cuadro de valores del Estado constitucional de Derecho, debe pensarse seriamente en la posibilidad de una reforma de la ley procesal penal que permita la regulación de una apelación especial para el caso del preso preventivo en segunda instancia. Considero que ello se adecua plenamente al modelo acusatorio garantista del Código Procesal Penal de 2004, así como a las resoluciones que sobre la materia ha emitido el Sistema Interamericano de Justicia.