Max Carbajal Meléndez es asociado del área laboral del Estudio Vargas Pareja Abogados & Consultores. Miembro ordinario de la Sección Peruana de Jóvenes Juristas. Miembro extraordinario del Grupo de Estudios de la Organización Social y el Empleo – GEOSE

Hace algunos días, la noticia deportiva nacional del momento era que Paolo Guerrero era la flamante contratación del Club de Fútbol de la Universidad César Vallejo (UCV). Se le denominó el fichaje del año, con grandes expectativas en Trujillo, teniendo en cuenta su exitosa trayectoria a nivel nacional e internacional. Al pasar de los días, la noticia cambió radicalmente: Paolo Guerrero ya no jugaría para la UCV. El motivo de esta decisión es la amenaza dirigida a los familiares del futbolista profesional por un grupo de delincuentes. Si bien puede ser cuestionable las formas a ejecutarse ante una rescisión unilateral de un acuerdo contractual, avoquémonos en el impacto negativo que puede generar la inseguridad ciudadana en las relaciones laborales.

Es incuestionable que el caso de Paolo Guerrero reviste de interés nacional, a razón de la popularidad de las partes intervinientes en la noticia (que ya excede al ámbito deportivo) y el fútbol, como deporte rey en nuestro país. Así, podemos utilizar su envergadura para enfatizar que la inseguridad es un problema que se materializa en el día a a día de diversos trabajadores en el Perú, sin distinción de la edad ni la posición ocupada en las empresas donde prestan sus servicios. Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de julio a diciembre del 2023, el 27.2 % de la población de 15 y más años de edad a nivel nacional urbano fue víctima de la delincuencia que nos aqueja. Este escenario puede generar un temor sobre los trabajadores, relacionado a los lugares donde deben trasladarse para cumplir con sus obligaciones laborales; los horarios estipulados para sus servicios; la viabilidad en ejecutar sobretiempos, teniendo en cuenta el horario de salida y/o entrada; la zona urbana de la que tienen que partir con destino a sus domicilios; entre otros.

Evidentemente, la inseguridad ciudadana es un problema que requiere de una atención inmediata y eficiente por parte de las entidades públicas, buscándose evitar que la situación que viene atravesando el país, en sus diversas regiones, continúe afectando a los trabajadores, tanto nacionales como extranjeros, así como a las relaciones que mantienen con sus empleadores. El robo de instrumentos de trabajo otorgados al personal, los cuales -en algunos casos- contienen información confidencial de la empresa, así como el solo miedo generado en los trabajadores ante el traslado de su domicilio al centro de labores o viceversa, en determinadas zonas y/u horarios, son aspectos a ser tomados en cuenta, donde el Estado tiene mucho que ver y hacer.

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