En una nota publicada en el portal institucional, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte ha dado ha conocer que hasta la fecha los juzgados encargados han dictado 2034 medidas de protección a favor de víctima de violencia familiar (mujeres e integrantes del grupo familiar), para lo cual no ha sido necesaria la celebración de audiencias, y solo han valorado la documentación remitida por los denunciantes (generalmente en las comisarías PNP de Lima Norte). 

Las medidas de protección se dictan dentro del plazo de 24 horas, desde que es recepcionada la denuncia de manera física en el Módulo Judicial o virtual en la Mesa de Partes Electrónica. 

Siguiendo la política istitucional del actual Presidente de esta Corte: «los Juzgados de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar del referido distrito judicial, han sido incorporados al Sistema de Gestión de Calidad (SGC), Norma ISO 9001:2015; sistema bajo el cual vienen resolviendo las denuncias que tienen fichas de valoración de riesgo severo y muy severo en tiempos menores a 4 horas«. Señala la nota emitida la Corte de Lima Norte. 

Son 9 órganos jurisdiccionales, del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17), los que estuvieron a cargo de dar trámite a las denuncias ingresadas de manera física y virtual. 

Estas medidas fueron dictadas desde marzo hasta mayo de 2020, es decir, durante el estado de emergencia sanitaria y, en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1470, que establece medidas para garantizar la atención y protección de víctimas en casos de violencia familiar en el contexto actual por la COVID-19.

Cabe mencionar que desde el 15 de marzo se registraron 372 denuncias de violencia familiar, ingresadas de manera física; mientras que virtualmente, a través de la Mesa de Partes Electrónica, ingresaron 300 denuncias. 

Asimismo, enfatizan el empleo de herramientas tecnológicas en la resolución de estos casos: «se vienen utilizando de manera óptima las herramientas tecnológicas diseñadas para su propósito, permitiendo así una comunicación inmediata y fluida entre las víctima y los jueces, materializando con ello los principios de debida diligencia, sencillez, oralidad, concentración, celeridad y economía«.