José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, exdirectivos de la empresa Graña y Montero, suscribieron dos acuerdos de colaboración eficaz con la procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato y el Equipo Especial del Ministerio Público.

Los referidos acuerdos establecen que tendrán que reparar civilmente al Estado peruano con, aproximadamente, 60 millones de soles, el monto más alto de la historia del país por parte de personas naturales por casos de corrupción.

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Colaboración con la justicia  

A través de estos acuerdos, ambos directivos reconocen graves delitos de corrupción y se comprometen a colaborar con la justicia peruana entregando información, documentos y testimonios respecto a seis carpetas fiscales: el caso “Club de la Construcción” y los procesos vinculados a los proyectos Gasoducto Sur Peruano, IIRSA Norte, Vía Expresa Sur, Línea 1 del Metro de Lima e IIRSA Sur Tramos 2 y 3.

Reparación civil

Los convenios establecen que, tanto Graña Miró Quesada como Graña Acuña, pagarán al Estado montos de reparación civil de S/ 39.9 millones y S/ 17.7 millones, respectivamente. Así, el monto total que recibirá el Estado como indemnización será de S/ 57.6 millones.

Conforme a las cláusulas fijadas en los acuerdos, la cancelación total de los pagos de reparación civil se realizará entre los 60 y 120 días después de que sean aprobados judicialmente. Los acuerdos fueron presentados al Poder Judicial el pasado 27 de enero.

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Silvana Carrión, la procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, indicó que estos acuerdos también son importantes porque permitirán el cobro efectivo de la reparación civil en un plazo corto de tiempo.

Los pagos que realizarán ambas personas son adicionales a los S/ 480 millones que pagará la compañía Aenza -antes Graña y Montero-, según el pre-acuerdo de colaboración eficaz que firmó esta empresa con la procuraduría ad hoc y el equipo especial en mayo de 2021.