Con su mayoría de dos tercios, el gobierno húngaro del primer ministro Viktor Orbán, del partido Fidesz, ha impuesto una enmienda constitucional que recuerda la legislación nacionalsocialista contra aquellos considerados «extraños a la comunidad» (Gemeinschaftsfremde) y «asociales». En tal sentido, en el nuevo párrafo 3 del artículo 22 de la Constitución se ha declarado prohibida la residencia «habitual» en lugares públicos. Sin embargo, al mismo tiempo el estado húngaro debe empeñarse en encontrar alojamiento para todos los ciudadanos, especialmente para las personas en situación de calle. En lo que respecta al derecho a la vivienda de todos los ciudadanos, la nueva normativa constitucional lo ha sometido a una especie de reserva de orden público. Pero ¿cómo puede un Estado prohibir el vivir en lugares públicos si no puede garantizar un alojamiento? Según organizaciones no gubernamentales, Hungría tiene alrededor de 11.200 alojamientos temporales para 30.000 personas en situación de calle.

Los nazis lucharon de la misma manera contra «asociales» y «extraños a la comunidad»

Con esta nueva legislación, incurre en una falta administrativa quien reside «habitualmente» en lugares públicos. En ese caso, la persona puede ser sancionada con trabajo comunitario, con una amonestación, o incluso con arresto, aunque separado de los presos. Además de esto, la propiedad de la persona en situación de calle puede ser confiscada y destruida. En la práctica, estas personas reciben primero advertencias por parte de la policía: un máximo de tres veces en 90 días. Si a pesar de ello permanecen en el espacio público, entonces son juzgadas en un proceso sumario. De cualquier forma, el hecho de que el juez también pueda imponer una sanción de arresto contradice el carácter administrativo de la prohibición y conduce a una criminalización encubierta de las personas en situación de calle.

La «Acción de junio» de 1938 en Alemania

Esta legislación nos recuerda a la clásica discriminación de personas socialmente marginadas por parte de un Estado autoritario (Obrigkeitsstaat). En Alemania, el Código Penal del Imperio de 1871 preveía la punibilidad de la vagancia y la mendicidad. Sobre esta base, los nacionalsocialistas, en su infame «Ley contra delincuentes habituales peligrosos y sobre medidas de seguridad y mejora», del 24 de noviembre de 1933, ordenaron que los vagabundos y mendigos condenados fueran internados en una, así denominada, “casa de trabajo”. Además, en un «Decreto básico sobre la prevención de la delincuencia» dictado a finales de 1937 estaba prevista la imposición de la «detención preventiva contra el comportamiento asocial». Un «asocial» era aquel que, «sin ser un delincuente profesional o habitual, pone en peligro a la comunidad con su comportamiento asocial». Esto también valía respecto de la gente en situación de calle. La llamada «Acción de junio» de 1938, por medio de la cual fueron arrestados casi 10.000 hombres, muchos de ellos supuestamente «asociales», se basó en ese decreto. A finales de 1944, en el proyecto de la «Ley sobre el tratamiento de los extraños a la comunidad», las personas que no podían demostrar la obtención ordenada de su sustento vital eran denominadas «extraños a la comunidad» y podían ser utilizadas para la realización de trabajos forzados. El objetivo, según la exposición de motivos, era «la mejora y la conversión interior después de la más estricta educación laboral». De todos modos, en última instancia la ley no fue adoptada como consecuencia de la capitulación de Alemania.

Con ese trasfondo es justo decir que el gobierno de Orbán —consciente o inconscientemente— ha tomado prestado conceptos de la legislación nacionalsocialista. Esto también resulta relevante para Alemania. Pues ello muestra lo que sucedería si el partido populista de derecha AfD (Alternative für Deutschland/ Alternativa para Alemania) (co-)gobernara, si se tiene en cuenta que este partido se ha posicionado del lado del gobierno húngaro. En consecuencia, al menos sería importante conocer cuál es su postura respecto a esta nueva legislación húngara contra las personas en situación de calle.

Limpiar el “cuerpo del pueblo alemán” (deutschen Volkskörper) de estudiantes de izquierda

En todo caso, la nueva derecha europea muestra aquí su verdadero e inhumano rostro: no se trata sólo de la preservación de la «homogeneidad etnocultural», como exige el «Movimiento Identitario», sino también de la exclusión social de los grupos marginados. Y eso es sólo una verdad a medias. Pues la homogeneidad social, étnica y cultural ha dejado de existir en Alemania hace tiempo y para recuperarla primero tendría que producirse una «purificación del cuerpo del pueblo alemán» (Selbstreinigung des Volkskörpers), como alguna vez dijo el infame jurista nazi Roland Freisler.

Un lenguaje que, por cierto, también vuelve a escucharse en los parlamentos alemanes. En febrero de 2017, el entonces líder del grupo parlamentario del AfD en el parlamento estatal de Sajonia-Anhalt, André Poggenburg, exigió que los “tumores en el cuerpo alemán” finalmente fueran extirpados, refiriéndose con ello a los estudiantes de izquierda, supuestamente perezosos.

(*) Kai Ambos es Profesor (titular) de la Georg-August-Universität Göttingen y Director General del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la misma universidad. Además, es Magistrado del Tribunal Especial para Kosovo, La Haya y amicus curiae de la JEP. Aquí expresa su opinión personal. – El autor agradece la traducción de este artículo, publicado originalmente en la Süddeutsche Zeitung el 31 de octubre de 2018, a Rodolfo González Espinosa.