Tras la aprobación por parte de los siete miembros de la comisión investigadora de interrogar al presidente Ollanta Humala en Palacio de Gobierno, uno de ellos cambió su voto para reconsiderar la visita y, con ello, inclinar la balanza de cuatro votos contra tres y suspender la comparecencia del Presidente ante dicho grupo de trabajo.

El repentino cambio de opinión del parlamentario Enrique Wong, obedece a que, según sus declaraciones, se debería acabar primero con la fase indagatoria, citar al Ministro del Interior y los policías que investigan el caso. Además consideró que se debería ir con el presidente a su debido momento ya que se podría cometer un error si se apresuran las cosas.

El titular de la comisión, Juan Díaz Dios, había considerado someter a voto el interrogatorio en Palacio y que el propio mandatario fijase la fecha en su agenda, por respeto a la “investidura Presidencial”. Esto fue calificado por el oficialismo de querer “montar un circo” y amenazó con presentar una denuncia constitucional.

Sí podría ser interrogado

Sin embargo, el Reglamento del Congreso en el artículo 88 de El Proceso de Investigación señala que: “Las autoridades, funcionarios y servidores públicos y cualquier persona están obligadas a comparecer ante las Comisiones de Investigación y proporcionar a éstas las informaciones testimoniales y documentarias que requieran”.

Y de presentarse resistencia por parte del citado, se puede solicitar que éste sea conducido por la fuerza pública y hasta orden de captura si no se presentara ante el primer llamado. Y aunque se diga que su condición de gobernante le permite no ser interrogado, existe un precedente, puesto que en el 2005, la comisión parlamentaria que investigaba el caso de firmas falsas de Perú Posible, acudió a Palacio para recoger el testimonio del entonces presidente Alejandro Toledo.

No está obligado a declarar

Pero por otro lado, el abogado Javier Valle Riestra, manifestó que sí puede recibir a la comisión, ya sea en Palacio o en su domicilio, pero solo por razones diplomáticas, ya que si no quiere hablar, su investidura presidencial le otorga dicha facultad y esto no le valdría ninguna acusación constitucional.

No obstante, el constitucionalista Jorge Avendaño advierte que el evitar las preguntas acerca del caso López Meneses no sería prudente, ya que podría levantar sospechas sobre la participación del presidente con respecto a dicho caso.