¿Será el inicio del fin para la demora y el obstáculo procesal? En ceremonia convocada por Enrique Mendoza, el saliente presidente de la Corte Suprema oficializó el lanzamiento de la plataforma electrónica para los expedientes judiciales. Con esta herramienta será posible condensar los miles de folios de un proceso en una sencilla base informática, lo que supondría un ahorro de S/.12 millones en papel.

Con este proyecto, el cual será continuado por el magistrado Víctor Ticona tras la salida de Mendoza, los justiciables y litigantes podrán acceder a un sistema informático que les provee de opciones de navegación avanzada. Asimismo, las audiencias serán registradas en videos que podrán visualizarse a través de la consulta virtual.

Pese a que aún se encuentra en una etapa piloto, los beneficios relativos a la digitalización de los expedientes ya son notorios en casos laborales vistos en la Corte de Lima Norte, lugar designado para dar inicio a las pruebas desde noviembre de este año.

Según Samuel Villamont Sifuentes, gerente del proyecto de Expediente Digital, la implementación se verá completada en un plazo aproximado de cinco años. “Para algunas especialidades, como la laboral y la penal, la implementación será muy sencilla», afirma el ingeniero. Sin embargo, reconoce que «para otras (como la civil), en cambio, se van a necesitar cambios normativos que partan del Legislativo”. Para tal caso, la implementación tardaría más de lo previsto, considerando además que será necesario un incremento presupuestal para la compra de equipos informáticos que soporten la moderna plataforma y capacitaciones continuas para los trabajadores judiciales y magistrados.

¿Aquí también hay Lobby?

Uno de los proveedores del proyecto de Expediente Digital es Ayesa Advanced Technologies, empresa española cuyo representante en Perú es Manuel Castro Ruiz. Precisamente, una investigación periodística  reveló que Castro había mantenido contacto con el prófugo Martín Belaunde Lossio a fin de que este último le facilitara una reunión de negocios con el presidente regional de Junín, Vladimir Cerrón.

Consultado sobre esta relación, Villamont descartó la posibilidad de que se hayan producido lobbies para mediar la buena pro: “El Poder Judicial no ha tenido un contacto directo inicial con ninguna de las empresas adjudicadas al proyecto. Los proveedores concursaron a través del Programa de Mejoramiento de la Administración de Justicia sostenido por el Banco Mundial con total transparencia”.