El proceso judicial es una experiencia casi esotérica, cuya significancia pareciera estar dirigida a unos pocos iniciados en el ocultismo jurídico, que no necesariamente son los abogados sino los medios de comunicación. Digo esto, porque cuando se mediatizan los casos judiciales, las respuestas no terminan siendo explicadas y definidas por los jueces, bajo parámetros legales, sino por el propio saber y entender, de quienes lideran los medios de comunicación.

Esto lleva a que se construya en el imaginario de los ciudadanos, una historia contada desde la prensa y otra desde el propio expediente judicial; llegando muchas veces a desdibujarse su real contenido, con las opiniones e interpretaciones que desde los medios de comunicación se hace de las actuaciones judiciales.

En estas circunstancias es vital la intervención de un vocero judicial que permita, entrelineas, decir lo que no se dice bajo otras interpretaciones, más aún cuando el real contenido del caso es ganado por un comportamiento mediático de la prensa y de las redes sociales. Para ello es necesario que los jueces se visibilicen, declaren y expliquen las razones de sus decisiones; todo ello, con la mesura y prudencia que el deber de reserva y la prohibición de adelantar opinión le exigen.

Hace varias décadas, un juez para poder romper su silencio tenía que pedir autorización al Presidente de Corte a la que pertenecía; hoy ese silencio no es permitido, todo lo contrario, se pretende alentar a través de la Directiva No 012-2014-CE-PJ, pues, el surrealismo con el que se impregna la narración de las noticias judiciales y el poco activismo del Consejo Ejecutivo del Poder judicial por asumir la defensa publica de los magistrados cuando estos son ultrajados en su honorabilidad por los medios de comunicación social, lleva a que sean los propios jueces afectados los que tengan que asumir su defensa –de manera directa- en los medios de comunicación, pues, las rectificaciones del caso a través de los medios de comunicación social, no son suficientes.

La no intervención de los jueces en los medios de comunicación, genera un desequilibrio en la información que se brinda, pues se trasmite de manera preponderante una historia a partir de un caso, sin tener el conocimiento cabal de lo que aparece en el proceso judicial. Hay una especie de conocimiento casi esotérico, que sin haber apreciado las pruebas, los indicios que obran en el proceso, se asume públicamente un veredicto, se crea una corriente de opinión, la misma que se acrecienta a través de las redes sociales.

A través de esta Directiva No 012-2014-CE-PJ, se pretende equilibrar la información, cuya fuente no solo sea la periodística sino que además tenga una respuesta desde la judicatura.

La Directiva recurre a la posibilidad que los jueces puedan hacer  aclaraciones, correcciones, precisiones u otras respecto a la información brindada a través de los medios de comunicación; y ello es importante para que no se deje a que la especulación periodística ronde el caso.

Esto será viable, siempre y cuando el juez asuma en su comunicación con la ciudadanía, un lenguaje que evite tecnisismos y elucubraciones jurídicas, pues de lo que se trata es de aclarar y no de confundir con eufemismos legales.

Dicho así las cosas, consideramos de gran valía la Directiva en comentario, pues, de lo que se trata no es que el juez –únicamente- hable a través de sus fallos sino que sus fallos hablen a través de lo que aparece en el expediente judicial y no de la especulación de los medios de comunicación; para lo cual, se requiere que el juez sea un gran actor en esta comunicación.

No es suficiente que el juez diga lo que tenga que decir frente al caso, sino que es vital, en cómo lo dice, en cómo las explicaciones que brinda para justificar su decisión, son más que convincentes para el común lector de una vida nada esotérica en el limbo judicial.