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Propietarios podran legalizar situación de autos ingresados al pais irregularmente

Propietarios podran legalizar situación de autos ingresados al pais irregularmente

Próximamente se debatirá en el Pleno del Congreso, un proyecto de ley que propone un procedimiento por el cual se regularizaría o formalizaría la propiedad de vehículos que cuenten con la inmatriculación registral por mandato judicial a pesar de haber sido ingresado por contrabando. El referido proyecto busca proteger a terceros que adquieran posteriormente estos vehículos a causa de la publicidad registral.

Por Cecilia Cerna

miércoles 8 de abril 2015

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En la actualidad, uno de los grandes problemas aduaneros que tiene el Estado, está referido a la venta de autos ingresados a nuestro país por contrabando. Puede parecer una situación no creíble, pero existen mecanismos para poder inscribir dichos autos a Registros Públicos. 

De hecho, durante los años 2000 al 2008, existieron una cantidad considerable de procesos judiciales, en los que jueces de paz no letrados ordenaron la inmatriculación de miles de vehículos en Registros Públicos a pesar de que estos no habían sido ingresados legalmente. Y es que mediante procesos como la “obligación de dar suma de dinero” y la “adjudicación de bien mueble”; en los que el acreedor solicitaba al deudor la cancelación  de su deuda; el juez otorgaba como medio de pago el vehículo de “propiedad” del deudor y consecuentemente, ordenaba la inscripción registral de dicho bien.

La realidad descrita, ha conllevado a su vez, que terceros o posteriores adquirientes de estos vehículos que cuentan con la publicidad registral (a consecuencia del mandato judicial) se vean perjudicados, pues a pesar de que estos se encuentren inmatriculados registralmente, la Aduana y el Poder Judicial pueden ordenar la incautación o decomisión de dichos bienes.

Una ley que permita el saneamiento aduanero y tributario de estos vehículos, es precisamente la solución que pretende darle el proyecto de ley N° 1351/2011-CR presentado por el grupo parlamentario “Alianza Parlamentaria”.

Dicho proyecto, que será debatido próximamente por el Pleno del Congreso, propone que todas las personas naturales o jurídicas, entidades públicas o privadas que tengan la condición de propietarios de vehículos matriculados ante la SUNARP en virtud de una orden judicial, puedan acogerse a este beneficio. 

Para ello, se deberían cumplir con algunos requisitos tales como que el vehículo cuente con la tarjeta de propiedad emitido por la SUNARP, que el beneficiario acredite haber adquirido la propiedad de este a través de un contrato documentado, que se presente un certificado emitido por la Policía Nacional que acredite que el vehículo no tiene condición de robado, que pague los tributos aduaneros de importación, entre otros. 

Asimismo, el proyecto propone excluir de esta ley a aquellos que tengan sentencia condenatoria por la comisión de delitos aduaneros o tributarios. De igual manera no podrían acogerse a este beneficio los vehículos, que al momento de la publicación de la ley, se encuentre con resolución firme en sede administrativa o judicial que ordene su confiscación.

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