Un reciente proyecto de ley presentado en Costa Rica, obligaría a madres y padres divorciados a presentar facturas u otros comprobantes de las compras que realicen, derivadas de la pensión alimenticia que perciben, como una manera de comprobar que esta se usa exclusivamente para la manutención de los menores de edad.

De esta manera, la iniciativa busca prevenir que los recursos puedan ser utilizados para adquirir productos o servicios ajenos a las necesidades de los niños, ya que las facturas servirían como comprobantes del uso eficiente de dichos recursos.

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El creador del proyecto, el diputado Harllan Hoepelman Páez, quien es también el presidente de la Comisión de la Niñez y Juventud, remarcó que su proyecto no busca generar polémica en torno a una cuestión de género, sino va “contra aquellas personas que mal administran el dinero; el que nada debe nada teme.”

En declaraciones a la prensa de ese país, Hoepelman Páez remarcó que cuenta con antecedentes de casos similares de mal uso del dinero: «Hemos encontrado testimonios de padres que dicen: he dado mi dinero, he pagado la pensión y llego a ver a mis hijos y los veo mal cuidados, mal alimentados; y más bien si se quejan ante el otro cónyuge se viene una denuncia de apartarse, de no dejarlo ni llegar a la casa y todo eso va en detrimento del menor de edad».

Si la ley logra ser aprobada, se convertiría en el primer país de Latinoamérica que obligue al progenitor a la rendición de cuentas para acreditar que los recursos de una pensión alimenticia sean destinados exclsuivamente para el bienestar de los hijos.