Con el objetivo de tener mayor precisión en la investigación contra los exconsejeros Guido Aguila e Iván Noguera, el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón, titular de la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Público, ha solicitado que se amplién los cargos por los que estos exfuncionarios son investigados.

El pedido ha sido dirigido al magistrado supremo Hugo Núñez Julca, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema. 

El pedido fiscal busca que, en este caso, se aplique el artículo 450.6 del Código Procesal Penal, el cual establece que “si de la investigación se advierte que la tipificación de los hechos es diferente a la señalada en la resolución acusatoria del Congreso, el fiscal emitirá una disposición al respecto y requerirá al juez de Investigación Preparatoria que emita la resolución correspondiente».

No obstante, el requerimiento fiscal colisionaría con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 100 de la Constitución, el cual señala que “los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso”. 

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Como se recuerda, el Congreso autorizó que se investigue a Aguila y Noguera por el delito de patrocinio ilegal, aun cuando en la descripción de los hechos se describe que ambos exconsejeros habrían recibido una contraprestación para nombrar irregularmente al fiscal Juan Canahualpa Ugaz y ratificar al juez Ricardo Chang Racuay. Esto, según señala la fiscalía, determinaría que se les pueda procesar por el delito de cohecho.

En el caso de que el juez Núñez niegue la solicitud, Fernández Alarcón tendría que recurrir al Congreso para lograr el cambio en la imputación; situación que podría diferir la investigación en varios meses. 

A fin de resolver el pedido del fiscal Jesús Fernández, el juez supremo Hugo Núñez Julca convocó a una audiencia pública para este miércoles 27 de marzo, a las 9:00 de la mañana. En dicha audiencia, el magistrado escuchará el alegato del fiscal y de los abogados defensores de los exconsejeros.