Una amenaza a futuro para las investigaciones complejas, como la del caso Lava Jato. Así calificó Avelino Guillén Jáuregui al pedido que formuló el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza para que la Corte Suprema declare fundada la casación presentada por Keiko Fujimori. Asimismo, refirió que la opinión de dicho magistrado no es vinculante.

El exfiscal supremo, recordado por su participación en el juicio al expresidente Alberto Fujimori, comentó que el proceso que involucra a la lideresa de Fuerza Popular es contra una estructura delictiva que amenaza y trata de dirigir el contenido de las declaraciones de los investigados, que intimida a testigos y realiza «un conjunto de actividades para entorpecer la investigación».

«Todo eso se ha evidenciado en el contenido del chat La Botica, pero si se resuelve favorable la casación se va admitir que ese tipo de conducta no constituye obstrucción a la justicia. Va a ser una noticia funesta para el país», declaró a la agencia Andina.

Enfatizó que «lo central, fundamental y nuclear» es que otros investigados invocarán lo mismo en una investigación compleja por el delito de organización criminal y lavado de activos. A su vez, manifestó que el peligro procesal en la variante de obstaculización es la parte crucial de la investigación que tiene a su cargo la Fiscalía y hasta el momento no existe jurisprudencia sobre ese tema.

Por otro lado, Avelino Guillén, reconoció que la decisión de Rodríguez Monteza «rompió la unidad del Ministerio Público, que desde su fundación y cuando asumió investigaciones por graves casos de corrupción se mostró como un puño». 

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Respecto a la audiencia de este viernes, en la que se programó la vista de la causa de la casación presentada por Keiko Fujimori, mencionó que se esperaba un debate jurídico entre los fiscales y los abogados de los investigados. Pero que ello no ocurrirá porque se escuchará una sola posición: «Mañana será como ir a una tanda de penales y no presentar arquero, como estar con un arco desguarnecido».

Sin embargo, expresó su esperanza en que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema valore los fundamentos de las resoluciones recurridas para declarar infundada la casación.