El 26 de julio, el Equipo Especial Lava Jato presentó ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el informe que detalla que la constructora Odebrecht y otras empresas vinculadas no tienen investigaciones o procesos penales más allá del acuerdo de colaboración eficaz. Esto con la finalidad de solicitar el reembolso a favor de la constructora de los S/ 524 millones luego de realizarse la venta de la hidroeléctrica Chaglla.

En el referido documento se indica que el Ministerio Público no encontró en su investigación, realizada por las cuatro fiscalías que componen el Equipo Especial Lava Jato, investigaciones pendientes contra la constructora brasilera, detalló El Comercio.

Respecto al caso de la carretera Cuñumbeque-Zapatero-San José de Sisa, en San Martín, el fiscal coordinador Rafael Vela señaló que Odebrecht ya reconoció los sobornos y que la empresa “se compromete a realizar búsquedas adicionales en los sistemas Drousys y My Web Day”. Lo que significaría que el caso se incluyó en el acuerdo.

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Así, en el informe del Equipo Especial Lava Jato se sostiene que: «Este despacho interpreta de la sentencia (…) que la información solicitada es en relación a las investigaciones preparatorias donde la carpeta fiscal se encuentra judicializada de manera efectiva ya que en la investigación preliminar el dominio funcional solo le corresponde al representante del Ministerio Público». 

Por lo que, el citado documento, «se faculta que la Procuraduría ad hoc con estos nuevos hechos ilícitos informados por esta, implique un incremento de la reparación civil».

La constructora no debe tener investigaciones, esta medida es una cláusula incorporada en la sentencia de homologación del acuerdo por la jueza María Álvarez Camacho, quien señala que si se quiere eximir a la compañía de la aplicación de la Ley N° 30737, ella no debe afrontar investigaciones o procesos penales. Solo en ese caso corresponderá devolverle a la constructora el monto de S/524 millones por los procesos pendientes.