Steven G. Kalar, abogado de oficio de Alejandro Toledo, propuso al juez Thomas Hixson, de la corte federal del Distrito Norte de California, el pago de US$ 1 millón que se realizaría con la finalidad de la disposición de la libertad inmediata del expresidente. A su vez, se haría entrega de dos propiedades, pertenecientes a amigos cercanos a Toledo, los cuales serían garantía para el Estado Peruano si Alejandro Toledo fugaría de Estados Unidos.

«La huida del Dr. Toledo no solo dañaría la vida de sus amigos financieramente, sino que también sería una traición a su amistad y correría el riesgo de manchar públicamente las reputaciones de ellos», argumentó el abogado Archer.

Como respuesta, la fiscal Elise LaPunzina enfatizó que las propiedades ofrecidas no representan una pérdida significativa para Andrea Neves, Martin Carnoy, Larry Diamond y Eric Bredo. También indicó que el expresidente Toledo pone en riesgo el proceso de extradición a Perú en el caso de llevarse a cabo la liberación.

En la defensa de Toledo Manrique, otro punto importante es disposición del uso de un dispositivo que controle su ubicación, tal como un grillete electrónico. Esto con la finalidad de que las autoridades sepan, en tiempo real, la ubicación del expresidente.

Por otro lado, el abogado manifestó que Alejandro Toledo no tiene vínculos con otros países más allá del Perú y EE.UU., a su vez, la expiración de su pasaporte, de igual manera, existe una alerta roja de Interpol la cual se activaría en el caso de una huida.  

El juez Thomas Hixson convocó, para este jueves, una audiencia pública en donde comunicará su decisión sobre el pedido de liberación del expresidente Alejandro Toledo y así llevar el caso en libertad.