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Poder Judicial dicta impedimento de salida del país por nueve meses para Yesenia Ponce

Poder Judicial dicta impedimento de salida del país por nueve meses para Yesenia Ponce

La excongresista es investigada por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y falsificación de documentos. El juez Manuel Antonio Chuyo consideró que la medida restrictiva cuenta con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Por Redacción Laley.pe

miércoles 13 de noviembre 2019

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Esta tarde el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó impedimento de salida del país por nueve meses para Yesenia Ponce, quien es investigada por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y falsificación de documentos, ambos en agravio del Estado.

Previamente, la excongresista había adelantado que se allanaba al pedido fiscal. “El pasaporte diplomático no lo tenemos y no he vuelto a renovar mi pasaporte. No tengo pasaporte activo”, señaló. Además, reiteró que no solicitó certificados falsos para sustentar sus estudios en su hoja de vida.

La decisión fue anunciada en audiencia pública por el juez Manuel Antonio Chuyo Zavaleta, quien consideró que la medida restrictiva cuenta con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. También manifestó que, de los actos de investigación presentados por la Fiscalía, “es necesario asegurar la presencia” de Ponce en esta investigación.

“Existen elementos de juicio mínimo como la versión del denunciante respecto a la entrega del dinero con la finalidad de obtener un certificado de estudios, los que el Ministerio Público considera como falsos”, precisó.

De acuerdo a la investigación fiscal, los certificados presentados para sustentar los estudios de cuarto y quinto de secundaria eran falsos, así como la lista de compañeros de clase de la excongresista.

“De todas las personas que existen en la nómina de alumnos, solo dos personas figuran en la Reniec. El resto son inexistentes; por eso, el tenor de ‘estudios fantasmas’, porque estas personas no aparecen”, indicó el fiscal Gunther Gonzales.

A eso se sumó que la integrante del Congreso disuelto presuntamente pagó S/10 mil a Daniel Soto Rivera, exdirector del colegio privado de donde se emitió los certificados de estudios falsos, para que respalde su versión.

Por este caso la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria aprobó levantarle el fuero en junio de este año, pero finalmente la medida no fue debatida en el pleno del Congreso.

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