[Actualización: 12PM]

En la diligencia de hoy, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, se acogió al derecho a guardar silencio y no declaró ante el fiscal José Domingo Pérez, sobre los aportes en efectivo que diversos empresarios han reconocido que entregaron a la campaña presidencial de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular).

Así lo comunicó el propio fiscal provincial, a su salida del establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos, en el que Fujimori Higuchi cumple con una orden de 18 meses de prisión preventiva. 

[Nota original: 11AM]

El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, se encuentra interrogando hoy, desde las 10:30 de la mañana, a Keiko Fujimori en el Penal de Santa Mónica, en Chorrillos. La diligencia girará en torno a las confesiones de varios empresarios, quienes admitieron haber aportado en efectivo millonarias sumas de dinero a su campaña presidencial del año 2011.

“El lunes 25, a las 10:30 de la mañana, me constituiré al penal de mujeres para recibir la declaración de la interna Keiko Fujimori, en atención que los medios de comunicación han dado a conocer una postura de defensa o publicación a través de su portal o su Facebook”, anunció Pérez el martes pasado.

Luego, el fiscal interrogará al exdirector de la Minera Castrovirreyna, Gonzalo Andrade, y al presidente de Impala Terminals, Ricardo Trovarelli; mañana al presidente de Intercorp, Carlos Rodríguez, y al gerente general de Alicorp, Alfredo Pérez Gubbin; y el miércoles a la gerente general de Ferreycorp, Mariela García Figari, y al ejecutivo Marco A. García.

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El último lunes, el presidente de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, confesó haber aportado en efectivo US$3,65 millones a la campaña presidencial de Fuerza 2011. Por la tarde, en su cuenta de Facebook, Keiko Fujimori reconoció el aporte y dijo que el testimonio de Romero era una prueba que Odebrecht no dio US$1,2 millones a su agrupación; pero no se percató de que con esa declaración admitía que el dinero recibido por Credicorp no fue reportado a la ONPE.

Según la tesis fiscal, a través del financiamiento de esta y otras compañías al partido fujimorista, y falsos aportantes, se ‘pitufeó’ exorbitantes fondos. Esto constituiría lavado de activos. Para el exfiscal Avelino Guillén, las versiones de los empresarios corroboran la hipótesis del Ministerio Público sobre la existencia de una organización criminal dentro de Fuerza Popular.

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“Los millones que entregó el señor Romero no califican como aporte de campaña, porque no cumplen con los requisitos ni las exigencias que establece la norma. Lo que le entregaron es una dádiva. Eso más bien enmarca para una investigación penal más, teniendo en cuenta que la señora Fujimori era congresista. No se sabe, de los tres millones, cuánto ingresó a campaña y cuánto quedó en otras manos para adquirir bienes o inmuebles”, sostuvo.

Además de que el aporte de Credicorp no fue informado a la ONPE, tampoco fue bancarizado, de acuerdo con el exfiscal. “Cuando se bancariza, el dinero ingresa a la cuenta de un partido político. La entrega fue clandestina”, apuntó.