El fiscal provincial José Domingo Pérez presentó un informe ante el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, en el que denuncia al magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Carlos Ramos Núñez por el presunto delito de revelación indebida de identidad.

Según el documento, Ramos habría cometido este delito al identificar indebidamente a Jorge Yoshiyama Sasaki como aspirante a colaborador eficaz en el auto de aclaración al fallo del TC que dejó en libertad a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“En el caso de Jorge Yoshiyama, es necesario recordar que se trata de un aspirante a colaborador eficaz, por lo que sus declaraciones requieren de ciertos actos concretos para su adecuada corroboración”, se lee en la aclaración del Alto Tribunal. Con este documento, el TC declaró improcedente el recurso de aclaración que formuló el procurador del Poder Judicial, Marco Palomino, el último martes.

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Es por esta razón que Pérez Gómez le sugiere a su superior, Vela Barba, que eleve el informe a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

“Respetuosamente se sugiere que se ponga en conocimiento de la Fiscalía de la Nación la posible comisión del delito de revelación indebida de identidad, previsto y sancionado en que ha incurrido el magistrado de Carlos Ramos a fin de que se proceda conforme a sus atribuciones”, detalla la misiva.

Esto debido a que en el fundamento de voto del magistrado Ramos Núñez, se consigna lo siguiente: 

«En el caso de Jorge Yoshiyama, es necesario recordar que se trata de un aspirante a colaborador eficaz, por lo que sus declaraciones requieren de ciertos actos concretos para su adecuada corroboración. […] De hecho, incluso en el escenario que Jaime Yoshiyama fuera ya un colaborador eficaz, debe tomarse en cuenta que las declaraciones de las personas que se acogen a esta institución, obtenidas sin la adecuada autorización del juez, o sin que se pueda otorgar a la defensa el tiempo necesario para formular sus observaciones, pueden plantear ciertos inconvenientes desde el punto de vista de los derechos fundamentales, ya que pueden incidir tanto en el derecho a la libertad personal como en el derecho a la defensa».

De acuerdo con el artículo 409-B del Código Penal, en el caso de funcionarios públicos, la sanción por el delito de revelación indebida de identidad podría ser pena privativa de la libertad “no menor de cinco ni mayor de siete años, e inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos 1, 2 y 4”.

Por su parte, hoy en la mañana, Vela Barba declaró a la prensa sobre la revelación de la condición legal de Yoshiyama Sasaki por parte de Carlos Ramos. “Es un hecho gravísimo que nosotros no podemos comentar. Nunca el señor Yoshiyama (Sasaki), en todas las declaraciones que han sido publicadas, ha revelado que es un aspirante a colaborador eficaz, él siempre ha declarado como un imputado”, apuntó.