El procurador anticorrupción Amado Enco denunció penalmente ante la Fiscalía de la Nación a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, así como a Miguel Torres Morales y Héctor Becerril Rodríguez, miembros del Congreso disuelto, por el presunto delito de tráfico de influencias y, de forma alternativa, patrocinio ilegal por el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

De acuerdo con la denuncia, Keiko Fujimori presuntamente trató de evitar la investigación que le sigue el Equipo Especial Lava Jato, por los aportes que habría dado Odebrecht para su campaña presidencial. Para ello, supuestamente buscó la ayuda del exjuez supremo César Hinostroza, presunto líder de la organización criminal.

El documento señala que el contacto se habría iniciado a través de los entonces congresistas Miguel Torres y Héctor Becerril, para que Hinostroza Pariachi —en su condición de presidente de la Segunda Sala Penal Suprema Transitoria— favorezca a la lideresa de Fuerza Popular en la Casación N° 528-2018-Nacional. La denuncia fue interpuesta contra Keiko Fujimori en calidad de instigadora, mientras que Torres y Becerril fueron incluidos en calidad de autores del presunto delito.

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A través de esta casación, se buscaba dejar sin efecto la decisión fiscal para adecuar el caso a la Ley de Crimen Organizado y, de esta manera, anular el plazo de ampliación de la investigación. El recurso fue admitido por la sala de César Hinostroza, pero fue declarado infundado posteriormente por la Sala Penal Permanente, cuando ya no estaba el exjuez supremo.

“De los hechos se desprende que, presuntamente, Keiko Fujimori habría determinado a Héctor Becerril y Miguel Torres, ambos en su condición de congresistas en el momento de los hechos, a fin de que patrocinen intereses a su favor ante el exjuez supremo César Hinostroza, magistrado supremo que se encontraba conociendo el recurso de casación Nro. 528-2018, en el proceso seguido contra Mark Vito y Keiko Fujimori, por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado”, señala el oficio que envió Amado Enco a la Fiscalía.

Como sustento, la Procuraduría ha incluido los testimonios del empresario Antonio Camayo y el excongresista Daniel Salaverry. El primero estuvo implicado en una conversación con César Hinostroza en marzo de 2018, en la que se refiere a la “Señora K” y la “fuerza número 1”. Tanto Keiko Fujimori como el exjuez supremo negaron que se trate de ella, pero Camayo confirmó lo contrario ante la Fiscalía y reconoció que intercedió por la lideresa de Fuerza Popular para que se contacte con Hinostroza.

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“La conversación sostenida entre ambos protagonistas habría sido con la finalidad de coordinar una reunión en la casa de Antonio Camayo, entre la señora Keiko Fujimori y el entonces juez supremo César Hinostroza”, apunta el procurador Enco.

Por su lado, Daniel Salaverry reconoció ante el Ministerio Público que, en mayo de 2018, Keiko Fujimori le pidió que se contactara con Hinostroza Pariachi para tener una reunión con él. Agregó Salaverry que, días después, la lideresa de su anterior partido le dijo que Becerril y Torres se encargarían de hablar con el exjuez supremo.

Cabe recordar que el 4 de junio del año pasado, la sala presidida por César Hinostroza declaró “bien concedido” los recursos de casación de Fujimori y su esposo Mark Vito. Posteriormente, tras la difusión de los audios de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, dicho tribunal supremo fue desactivado.

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La denuncia del procurador anticorrupción Amado Enco se interpuso “con el propósito de salvaguardar los intereses del Estado por los daños causados en contra de la administración pública en el denominado Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, uno de los casos de corrupción más emblemático en el sistema judicial”.

Por su parte, Giulliana Loza, defensa de Keiko Fujimori, indicó que aún no había sido notificada y que la denuncia “no procede”, ya que carece de contenido penal. Este 26 de diciembre se llevará a cabo la audiencia del pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori por el caso Odebrecht.