El fiscal anticorrupción Reynado Abia informó este miércoles los avances de la investigación a la organización criminal ‘Los Intocables Ediles’, caso en el que está implicada la excongresista aprista Luciana León.

De acuerdo con el titular de la Segunda Fiscalía Anticorrupción Provincial, “hay sospechas” de que otros exparlamentarios también habrían recibido dinero de parte de la red delictiva que lideraba el exalcalde de La Victoria, Elías Cubas, quien se encuentra cumpliendo 26 meses de prisión preventiva en el penal Castro Castro.

“Tenemos varios nombres que no vamos a señalar, hay que cotejarlo y corroborar la información”, manifestó Abia en entrevista con RPP.

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Pero no solo se trataría de excongresistas, funcionarios del Parlamento también estarían involucrados con la organización delictiva, según refirió el fiscal. “Hay una serie de personas a quienes ya tenemos plenamente identificadas. Hay que determinar su grado de participación y si han impulsado gestiones al interior de varios ministerios”, aseveró.

Además, el fiscal anticorrupción dijo que las declaraciones de Rómulo León Romero, hermano de la exparlamentaria, confirman la hipótesis de la existencia de la red criminal ‘Los Intocables Ediles’, organización acusada de sobrevalorar obras y servicios públicos en el distrito de La Victoria para obtener ingresos ilícitos.

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“Nos sentimos totalmente satisfechos con lo que venimos recabando. No puedo develar qué es lo que ha indicado, es parte de la investigación. Para nosotros, confirma lo que estábamos pensando. Para nosotros, va a confirmando la situación. Tenemos una fortaleza, que son los testimonios de los aspirantes a colaborador eficaz corroborados con las escuchas legales”, agregó Abia.

Luciana León es investigada por el Ministerio Público por presuntamente haber sido parte del brazo político-legal de ‘Los Intocables Ediles’. Según la tesis fiscal, a través de gestiones realizadas desde su despacho, la exparlamentaria habría favorecido al municipio de La Victoria con proyectos ante al menos cuatro ministerios. A cambio, obtenía pagos mensuales de Alexander Peña Quispe (alias ‘Uno’), integrante y presunto financista de la red delictiva.