El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte condenó a un año ocho y meses de prisión suspendida para Gabriela Melissa Verástegui Paredes, por el delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, en agravio de la técnica superior de la Policía Nacional, Leydi Jazmín Silva Barturen, y del Estado.

El juez Valery Raúl Romero Palacios realizó la audiencia de incoación de proceso inmediato vía WhatsApp debido al estado de emergencia nacional a causa del brote de coronavirus (COVID-19) en el Perú. También ordenó el pago de S/2000 como reparación civil en favor del Estado.

Los hechos que motivaron la imposición de la sanción ocurrieron el pasado 21 de marzo, alrededor de la 1:30 de la tarde, cuando la imputada fue intervenida por la agente policial mientras conducía su vehículo. Ante ello, según las investigaciones, la mujer, de manera prepotente y alterada, no presentó ningún salvoconducto de tránsito.

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De acuerdo con el Ministerio Público, al no mostrar dicho permiso, a la procesada se le ordenó dirigirse a la Comisaría de Pro, en el distrito de Los Olivos, en compañía de la oficial PNP. Sin embargo, Verástegui hizo caso omiso y, de manera apresurada, se trasladó a su domicilio, ubicado en San Martín de Porres.

Cuando intentaba ingresar a su vivienda, la agente Silva Barturen lo impidió, por lo que la sentenciada la empujó contra las rejas del inmueble. “Mi papá es un superior que conoce a todos en la Comisaría de Pro y con muchos contactos”, dijo, según el acta de intervención policial.

La sentencia condenatoria anticipada fue aprobada bajo el principio del consenso, donde la Fiscalía, la investigada y su defensa técnica propusieron la pena y reparación civil. El magistrado Romero Palacios recalcó que en este caso se valoró la conducta de arrepentimiento de la investigada, su voluntad de resarcir el daño causado y que no existen antecedentes penales.

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También argumentó que la procesada cuenta con carga familiar y trabajo acreditado; además, no se encuentran agravantes y lesiones de trascendencia por parte de la oficial afectada. Por ello, bajo los principios de razonabilidad, proporcionalidad y humanidad de las penas, el órgano jurisdiccional optó por suspender su ejecución, a fin de que en libertad pueda cumplir la pena impuesta bajo reglas de conducta.

Cabe indicar que, el pasado 18 de marzo, la presidencia de la Corte de Lima dispuso reducir al mínimo el número de órganos jurisdiccionales de emergencia, estableciéndose canales de comunicación alternativos y excepcionales, como las videollamadas, así como los procedimientos operativos internos, solo para los asuntos urgentes durante el estado de emergencia nacional.