Congreso de la República, en sesión virtual y en pleno descentralizado desde Trujillo, debate hoy en segunda legislatura la propuesta de reforma constitucional que prohíbe que sentenciados en primera instancia por delitos dolosos, sea en calidad de autor o cómplice, no puedan postular a cargos de elección popular y/o cargos públicos mediante designación de confianza. 

De esta manera, el Congreso podrá ratificar su primera reforma constitucional de cara a las elecciones generales de 2021, siempre que alcance la aprobación del número legal de congresistas previsto en la Carta Magna, a fin de evitar que la propuesta sea sometida a referéndum. 

De acuerdo al artículo 206 de la Constitución, para que la reforma constitucional sea efectiva y no requiera de un referéndum, esta deberá ser aprobada por más de los dos tercios del número legal de congresistas, en dos legislaturas ordinarias y sucesivas.

De aprobarse en segunda votación el dictamen de la Comisión de Constitución, se incorporarán a la Constitución Política los artículos 34-A y 39-A , los que a la letra expresan lo siguiente:

Artículo 34-A:

«Están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso»

Artículo 39-A:

«Están impedidas de ejercer la función pública, mediante designación en cargos de confianza, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso».

Es preciso recordar que, la primera legislatura sobre impedimentos para postular a cargos de elección popular y ejercer la función pública se llevó a cabo el 05 de julio del presente de año, cuyo resultado arrojó 111 votos a favor, 14 en contra y ninguna abstención.

Por otro lado, en la agenda del pleno congresal se ha incluido el debate respecto a la observación formulada por el Ejecutivo a la autógrafa de ley que propone modificar el Código Penal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor para sancionar el acaparamiento, la especulación y la adulteración.

Asimismo, figuran cuatro mociones de interpelación en contra de los ministros Víctor Zamora (ministro de Salud), Fernando Castañeda (ministro de Justicia y Derechos Humanos) y Martín Benavides (ministro de Educación). Contra el ministro Víctor Zamora existen dos pliegos interpelatorios que versan sobre el manejo de la COVID-19.