La pandemia del COVID-19 ha traído muy malas noticias y afectado la inversión pública de forma histórica, pues al 3 de octubre de 2020 solo alcanza el 27,3%, una de las más bajas de las últimas décadas. Eso explica en parte el derrumbe de la economía en más de 12% este año y la situación de incremento del desempleo y la pobreza.

Producto del responsable manejo fiscal de los últimos 20 años, el Perú mantiene fundamentos económicos sólidos para poder enfrentar el desastre económico y recuperarnos. El MEF, según lo ha señalado el Marco Macroeconómico Multianual, está planteando el plan económico más ambicioso de los últimos cien años, pero el problema es sí realmente funcionará, dado que algunos de sus componentes no llegan a la población o a los sectores identificados como vulnerables económicamente en la pandemia.

«Arranca Perú», es uno de los programas ideado para inyectar dinero a la economía mediante obras diversas en todo el país a ejecutarse también por gobiernos regionales y locales, buscando generar más de un millón de empleos.

Gestión Pública & Control buscó a Eloy Durán Cervantes, experto en inversiones para dialogar sobre los desafíos que tenemos en este ámbito y si realmente estamos en capacidad de poder lograr que las inversiones públicas sean uno de los motores para salir de la crisis.

Entrevista por JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR y ARMANDO SAN ROMÁN ALVA

¿Qué está pasando con la inversión pública en los tres niveles de gobierno? ¿Todo es por la pandemia o hay algo más para registrar tan bajos niveles de gasto público?

El punto de partida es diametralmente diferente a la realidad actual. En el anterior periodo gubernamental se terminó con una ejecución total de casi 80% del presupuesto de inversiones, con notables desempeños de los ministerios en su último año completo (récord histórico del 90%) y de los gobiernos regionales (récord histórico del 80% en su primer año de gestión). La realidad actual nos muestra una ejecución promedio anual menor al 66 % hasta el 2019 y menor al 50%, según se prevé para este año.

Son varios factores los que explican este mal desempeño de la inversión pública en el actual periodo de gobierno, siendo el primero el cambio del SNIP al INVIERTE.PE (en el 2016), que minimizó las necesarias mejoras de este proceso. Luego se tuvo el fenómeno de El Niño Costero, en el 2017, que distrajo esfuerzos de distintos sectores y entidades. La crisis política y los cambios gubernamentales tuvieron alguna incidencia en 2018 y 2019. Y, finalmente, la COVID-19 impactó fuertemente la inversión en el 2020.

Sin embargo, en dichas situaciones de crisis, precisamente, la inversión pública cumple un rol fundamental porque puede contribuir a mejorar las tendencias con una orientación anticíclica, sobre todo en el 2017 y 2020, y algo menos en 2018 y 2019, donde los excesivos cambios de ministros y funcionarios complotaron contra un mejor desempeño del gobierno para mejorar la prestación de los servicios públicos.

Con esto no solo se perdió la oportunidad de incrementar la inversión pública, sino también la posibilidad de impactar positivamente en el crecimiento económico, de acompañar las iniciativas privadas de inversión, de promover el desarrollo económico local, de mejorar los niveles de empleo e ingreso de los trabajadores y de reducir los niveles de pobreza de la población.

¿Qué ocurrirá con los proyectos de inversión ya previstos en el presupuesto del 2020? Considerando ello, ¿realmente el presupuesto 2020 es del monto anunciado por el Gobierno?

El presupuesto 2020 está totalmente desvirtuado y requiere un urgente sinceramiento. Sucede que este instrumento de gestión contiene los supuestos macroeconómicos previsto en 2019, que la actualidad ha contrariado. Así, con la agudización de la pandemia, la SUNAT ha recaudado menos recursos ordinarios y las entidades públicas han percibido menores recursos directamente recaudados. Esto ocasiona que las entidades tengan menores recursos en la tesorería de lo que muestra el presupuesto.

Los proyectos previstos para el 2020 han sufrido un retraso en su ejecución, lo que presionará con mayores demandas al año siguiente, que ya tiene dos desventajas de inicio: una reducción del presupuesto de inversiones (además de la reducción de los recursos determinados) y una eliminación de la continuidad de inversiones, quizá el mayor error de la política de inversiones del Gobierno actual en esta coyuntura.

La inversión pública del 2020 será extremadamente baja por las razones expuestas, pero posiblemente se afecte también la inversión pública del 2021 dado que se convocará menos licitaciones para evitar la discontinuidad de inversiones del 2020 y la postergación de los proyectos del 2021, sin contar adicionalmente con la paralización que implica el cambio de gobierno y el aprendizaje de los nuevos funcionarios hasta probablemente el 2022.

¿Se acabó la política fiscal peruana que tuvimos por veinte años?

Actualmente, la política fiscal peruana tiene una buena orientación, pero una mala implementación. En medio año se ha incrementado 50 % la deuda externa y se ha quintuplicado el déficit fiscal, se ha flexibilizado el uso inmediato del fondo de estabilización fiscal, se ha gestionado insuficientemente los recursos públicos y se ha retraído el consumo y la inversión del sector privado.

Algunos elementos simples de este quinquenio que se deben revertir: (i) no se debe gastar 7 % más cuando se recauda 4 % menos; (ii) no se debe incrementar tanto el gasto corriente si no se relaciona con la inversión y la prestación de servicios; (iii) no se debe dejar caer tan fuertemente el consumo y la inversión del sector privado; (iv) no se debe dejar caer la inversión pública 27 % cuando la inversión privada cae 29 %; (v) no se debe dejar de estimular la demanda interna cuando el sector externo no se presenta del todo favorable.

En el actual contexto de crisis sanitaria, social, política y económica, la prioridad del actual Gobierno debiera ser preparar una correcta entrega del cargo a la nueva administración. Los deficientes indicadores generarán problemas a la nueva gestión, que deberá fortalecer más sus capacidades para la recuperación del país.

¿Cómo ves la ejecución de ARRANCA PERÚ trabajando con las mismas reglas de inversión? ¿Se logrará la meta de los 6400 millones de soles y el millón de empleos?

ARRANCA PERÚ se implementará, pero no alcanzará los resultados esperados debido a las carencias observadas. Sin un fortalecimiento de las capacidades actuales será limitado el impacto de la acción del Estado en la mejora de la prestación de los servicios públicos y en el incremento de la actividad económica, el incremento del ingreso y la reducción de la pobreza.

La ejecución de la estrategia ARRANCA PERÚ será un paliativo, necesario pero insuficiente, y requerirá de otras medidas y estrategias que devuelvan a los territorios el dinamismo que se ha perdido en este quinquenio y que se ha agravado con la pandemia.

¿Qué recomendaciones podemos hacer a los gobiernos subnacionales para lograr comprometer los fondos y no perderlos?

La inversión pública está en 27 % de ejecución presupuestal cuando ya ha transcurrido el 75 % del año. Teniendo una ejecución de 23 % en los gobiernos locales, y de 28 % tanto en los gobiernos regionales como en los ministerios, la recomendación debiera ser para todas las entidades.

Se debiera recordar las mejores épocas de la inversión pública, donde se alcanzó los mayores niveles históricos de ejecución. Un proceso de seguimiento liderado por la máxima autoridad política genera compromiso, y coordinado por el máximo nivel técnico genera eficacia. La ejecutabilidad es un factor determinante para la mejora. Y quizá algunos incentivos bien puestos podrían garantizar que los buenos resultados regresen a la gestión pública.

Lo invitamos a leer la entrevista completa en la Revista Gestión Pública y Control N° 10, edición octubre 2020, de Gaceta Jurídica.

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* ELOY DURÁN CERVANTES. Economista por la Universidad del Pacífico, con amplia experiencia en el sector público y privado. Ex director general en la Dirección General de Inversión Pública (2012-2016). Presidente de Efectividat Consultores, codirector de Análisis Económico y conductor de Economía Efectiva.