En los más de 7 meses de Estado de Emergencia, el Congreso de la República ha presentado varios proyectos de ley referidos al plano penal. De todos ellos el más reciente es impulsado por la parlamentaria María Teresa Cabrera del Partido Podemos Perú.

Dicho Proyecto de Ley incorpora los artículos 198-B y 198-C en el Capítulo VI del Código Penal que regula las conductas de fraude en la administración de la persona jurídica. Asimismo, el artículo 387-A al Capítulo II sobre de Delitos cometidos por funcionarios públicos.

Mediante la incorporación del artículo 198-B al Código Penal se busca sancionar al encargado del resguardo del fondo previsional que genere un perjuicio al titular del fondo con una pena privativa de la libertad de 4 a 8 años. En esa línea, la legisladora también añade el artículo 198-C como modalidad agravada del artículo anterior, y que se aplicará cuando el titular del fondo sea una sociedad anónima, con una pena será de 8 a 12 años.

Por otro lado, la también tercera vicepresidenta del Congreso busca adicionar el artículo 387-A que tiene como fin sancionar al funcionario o servidor público que cometa el delito de peculado en la administración de fondos previsionales. Dicha conducta delictiva tendría como pena entre 4 a 8 años. Además, si el titular del fondo es una persona jurídica de derecho público, la sanción será de 8 a 12 años.

De tal forma, según su exposición de motivos, la congresista Cabrera tiene como objetivo sancionar conductas que por la existencia de vacíos legales no podrían ser sancionadas actualmente.

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