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Reformar con urgencia el Alto Gobierno

Reformar con urgencia el Alto Gobierno

Juan Jiménez: “Esperamos que, por la necesidad de mejorar nuestra gobernanza en un momento crítico como el que atravesamos, se pueda iniciar un debate sobre la reforma del alto gobierno peruano y que de esta crisis se pueda lograr reformas sustanciales en beneficio de la gobernanza que busca apuntar a un mejor sistema de gobierno del Perú”.

Por Juan F. Jiménez Mayor

miércoles 4 de noviembre 2020

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La reciente crisis sobre la vacancia presidencial y su resultado felizmente infructuoso no supera el problema que tenemos en el Perú. Los hechos acontecidos han revelado una debilidad de la oficina de la Presidencia de la República que requiere ajustes estructurales para un mejor funcionamiento del Poder Ejecutivo.

El Alto Gobierno -o centro de gobierno, como lo denomina la OCDE- es un concepto fundamental para la gobernanza, pues indica la forma de organización del vértice del poder del Estado, el lugar de donde emanan las más importantes decisiones políticas. Alude al conjunto de autoridades y órganos superiores del poder ejecutivo y nos explica cómo funciona. Es una temática que cada vez con más énfasis se viene analizando en el mundo buscando explicaciones a las deficiencias en la eficacia del gobierno, no obstante, en nuestro país aún es muy escasa la reflexión sobre esta materia.

La OCDE señala que las tareas prioritarias del alto gobierno -o centro de gobierno- consisten en apoyar la toma de decisiones lideradas por el jefe de Estado para dirigir y coordinar las políticas a nivel de todo el gobierno, lo que es una tarea compleja dados los diferentes ministerios y departamentos o agencias existentes, lo que requiere una adecuada gestión. Asimismo, integra este ámbito el desarrollo del planeamiento del Estado, el seguimiento y monitoreo del progreso en la implementación de las políticas públicas, organiza la interacción del Ejecutivo con el Poder Legislativo y con las otras entidades constitucionalmente autónomas, incluido los gobiernos sub nacionales.

El alto gobierno requiere enfrentar escenarios controvertidos, como los que vive el Perú de modo recurrente, no solo en aspectos políticos, por la tenacidad de la confrontación política, sino en aspectos de conflictividad social, en donde tenemos desafíos de gobernabilidad. Pero también, asumir situaciones imprevistas como desastres naturales o circunstancias dramáticas como la pandemia, para conducir el gobierno asertivamente.

Plantea el alto gobierno que se conduzca a la administración hacia la solución de problemas que afectan a la población y que se trabaje para el bienestar de la gente, lo que en el caso peruano significa desarrollar políticas públicas sensatas en favor de los más pobres y vulnerables, buscando la equidad mediante el crecimiento económico a través de la promoción de la inversión privada, para recaudar más recursos a fin de destinarlos a una mayor equidad social y una mejor infraestructura pública. Por supuesto, que se brinden adecuados y mejores servicios públicos en áreas claves como la salud, educación, justicia, seguridad, agua y transporte.

El mundo actual requiere un apoyo tecno político más sofisticado, pues los temas que se abordan hoy en día son cada vez más complejos. Administrar temas como el cambio climático, el desarrollo científico y tecnológico, el gobierno digital., la nueva minería, la pesca industrial, el manejo sostenible de bosques, la regulación petrolera y de gas, así como el modelo de gestión de grandes proyectos de infraestructura, hace que el alto gobierno requiera de nuevas capacidades que debe ser provistas por políticas bien gestionadas y funcionarios cada vez más preparados.

El alto gobierno también necesita nuevos mecanismos para coordinar a sus cada vez mayores agencias estatales que prestan servicios a la población, y para articular las políticas nacionales con los gobiernos regionales y locales, cada vez más dispersos y lejanos del gobierno central.

El alto gobierno requiere eficacia, capacidad y oportunidad, debiendo tomar decisiones a tiempo para atender las demandas y soportar o evitar las crisis, debiendo entenderse que hoy la política camina a una velocidad más rápida que antes, con nuevos actores que son muy demandantes como las redes sociales, capaces de movilizar a la población y marcar tendencias de opinión pública muy fuertes. Además, el gobierno debe ser persuasivo, comunicando bien, convenciendo con argumentos y buscando tener siempre la iniciativa de la agenda política. Debe predicar con el ejemplo, usando formas políticas adecuadas mediante un manejo austero y, de ser posible, virtuoso del poder. Debe conducir el enfrentamiento político con sobriedad y prudencia.

Se requiere además superar un elemento que está ausente en el país que es el seguimiento de las políticas públicas. Ceplan registra 174 políticas y planes existentes, muchos de ellos multisectoriales, pero sin que tengamos un sistema de monitoreo y evaluación del cumplimiento de los mismos, labor que debe estar a cargo de la Secretaría de Coordinación de la PCM -a cargo de las decisiones del Consejo de Ministros- y del propio Ceplan, para poder marcar la eficacia de las mismas. No basta tener políticas si no se verifica el cumplimiento de éstas. Este solo elemento debe merecer una reestructuración del alto gobierno, pues la gobernanza depende del éxito de las políticas.

Pero otro aspecto de fundamental importancia es que se necesita con urgencia hacer ajustes sobre la organización y estructura del despacho presidencial para evitar que vuelva a ocurrir hechos como el bochornoso escándalo Swing, producto no solo de grabaciones que se producen en el centro de poder del país que pone en grave peligro la seguridad nacional, sino del intento de manipulación del registro de visitantes de Palacio de Gobierno, que no puede quedar a cargo de personas inescrupulosas que busquen ocultar esta información sustancialmente importante en la regulación de la gestión de intereses, recientemente reformada por el Decreto Legislativo N° 1357 y que tiene regulación concreta en el reglamento de la Ley de Transparencia que, precisamente, señala que una de las informaciones disponibles en los portales debe ser el registro de visitas en las entidades públicas (D.S. N° 070-2013-PCM).

Esperamos que, a partir de esta penosa situación, pero, además, por la necesidad de mejorar nuestra gobernanza en un momento crítico como el que atravesamos, se pueda iniciar un debate sobre la reforma del alto gobierno peruano y que de esta crisis se pueda lograr reformas sustanciales en beneficio de la gobernanza que busca apuntar a un mejor sistema de gobierno del Perú.

* Juan F. Jiménez Mayor: Expresidente del Consejo de Ministros

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