La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, publicó el 14 de diciembre de 2020 un informe en el que concluye que existen fundamentos razonables para creer que, en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad por parte del Gobierno de Nicolás Maduro. “Se iniciará investigaciones a los máximos responsables por estos hechos”, indicó la Corte Penal Internacional.

Se vienen examinando hechos ocurridos en Venezuela desde abril de 2017 cometidos por autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno, entre los que resaltan: encarcelación de rivales políticos, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual, persecución de grupos y colectivos.

La competencia de la Corte Penal Internacional en este caso se justifica por el principio de complementariedad, según el cual solo interviene cuando la jurisdicción interna no tenga la disposición para perseguir los crímenes previstos en el Estatuto de Roma o no esté en condiciones de hacerlo.

El artículo 13 del Estatuto establece que la Corte ejerce competencia en tres supuestos: (i) ante la solicitud de iniciar una investigación, presentada por un Estado parte del Estatuto; (ii) por el pedido del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de iniciar una investigación; y (iii) por decisión de oficio del Fiscal de iniciar una investigación, previa autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares.

Como se recuerda, en julio de 2020, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe que analiza la situación en Venezuela entre junio de 2019 y mayo de 2020. El informe presenta un panorama general de la situación de los derechos humanos en Venezuela entre junio de 2019 y mayo de 2020, en el que se incluyen los resultados de la investigación de las denuncias de violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad de las personas.

Según las estadísticas proporcionadas por el gobierno venezolano a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se señala que las fuerzas de seguridad del Estado han provocado, bajo el supuesto de “resistencia a la autoridad”, la muerte de cerca de 23 000 mil personas entre el 2016 y 2019. En lo que corresponde al período de enero a mayo 2020, se reportan 1,324 muertes en el marco de operaciones de seguridad.

Revisa el informe completo de la Fiscal de la Corte Penal Internacional aquí.