No es difícil entender que el Covid19, sea el modo como lo llamemos, ha venido para quedarse con nosotros al menos por un largo tiempo y con una fecha de partida aún indefinida y que difícilmente asoma en lontananza.

Frente a ello, todos los sectores económicos del Perú, especialmente el comercial, han reaccionado de manera casi inmediata para buscar el camino de adaptarse a las nuevas exigencias sanitarias que esta circunstancia acarrea y no morir ahogados en su obligado ostracismo. Desde el gran banco hasta la salchipapería de barrio han implementado sus protocolos de bioseguridad en todo orden para seguir vigentes sin poner en riesgo la vida de sus clientes y las de su propio personal. En los casos más complejos, como en la administración pública, se han implementado mesas de partes virtuales, conferencias en video cámara, escritos vía e-mail, atención por teléfono o celular, etc. Incluso, el Poder Judicial ha diseñado una plataforma para el control de las reglas de conducta que deben cumplir los condenados a través del teléfono celular, la geolocalización y la comunicación vía WhatsApp o mensajes de texto. Es decir, casi nadie se ha quedado con los brazos cruzado. Casi nadie…
 

Sin embargo, otro panorama ocurre en la DCMA–MINJUS, el ente rector que tiene a su cargo la Dirección de la Conciliación Extrajudicial en el Perú.
 

Luego de la primera ola de la pandemia que nos arrinconó a todos en nuestras casas y dejó las calles vacías, los comercios cerrados y las puertas de los mercados con cadenas y soldados, tras haber soportado estoicos la afrenta sanitaria, poco a poco los actores económicos, bajo la vigilancia del Estado, fueron abriendo sus puertas, a la vez que intentábamos regresar a la vida regular de antes, apretando los dientes para armarnos de valor y rezando a todos los santos por su protección.
 

En este panorama, algo que llama poderosamente la atención es la alarmante indiferencia de la DCMA; mientras todos los sectores de uno u otro modo han encontrado –aunque limitadamente– la manera de seguir con el ritmo de sus vidas, en la DCMA parece que lo que atraviesa el país no pasa por ellos. En estos casi 10 meses de pandemia, apenas se han emitido algunos comunicados (no más de 2 o 3), una norma (que permite la capacitación en conciliación de manera virtual), algunas directivas intrascendentes y luego más nada. No hay ninguna norma para adecuar los centros de conciliación a la pandemia; el Colegio de Abogados de Lima emitió una directiva sobre los lineamientos para reabrir los estudios de abogados, la vía arbitral se volvió virtual por imperio de su ley, el Poder Judicial hizo lo propio para virtualizar su tan complicado sistema de trámite documentario, pero de la conciliación extrajudicial (la ejercida de manera pública o privada) no se dijo nada. Nada hasta el día de hoy. Y quizás no se diga nada nunca.
 

Creo que todos los conciliadores hemos sentido más o menos que esta expresión nos ha sido dicha por la DCMA: “Si quieren abrir sus Centros de Conciliación, ábranlos. Pero si se mueren por contagio del Covid19, no olviden que ustedes abrieron porque quisieron, no nos echen la culpa”. 
 

No hay ni una línea que se haya producido a favor de la virtualización de un servicio que cada vez se torna indispensable en nuestra comunidad, cual es la Conciliación Extrajudicial; seguimos atendiendo en persona en nuestros Centros de Conciliación, no tenemos la facultad de recibir solicitudes virtuales, de hacer invitaciones virtuales, de hacer audiencias virtuales, de entregar actas de conciliación virtuales o sus copias certificadas virtuales.
 

Es obvio que al venir al centro de conciliación a traer su solicitud, el usuario querrá pagar en efectivo, que la audiencia de conciliación se llevará a cabo en salas de 3 x 3 metros, en donde apenas entran de manera complicada 5 personas incluido el conciliador; que se deben tener cerradas puertas y ventanas para preservar el principio de confidencialidad; que las partes deben firmar y poner sus huellas digitales en todas las hojas del acta, que deben esperar un tiempo promedio en la recepción para recibir sus copias certificadas. ¡Y en todos esos movimientos, el virus con seguridad circulará a su regalada gana y por todo lado de manera irremediable!
 

Entonces, los Centros de Conciliación se han visto forzados a implementar sus improvisadas medidas de seguridad, sin ninguna consejería de la DCMA y apenas adaptando lo que ha dicho el MINSA; algunos se han aislado de la gente con vidrio, otros con plástico, otros con cintas amarillas, o pintando los pisos, colgando carteles, remojando los zapatos en los pediluvios, bañando a la gente en alcohol, esparciendo jabón líquido y toallas de papel, aparatos de ozono, máscaras de acrílico, UV, y etc., etc., etc. El miedo es grande, muy grande. Pero la necesidad es mayor. Y hay que trabajar pues, así duela, así hiera… así mate.
 

A los pocos minutos de salir una norma del Consejo de Ministros respecto al reinicio de las actividades jurídicas, el Colegio de Abogados de Lima expidió sus referidos lineamientos y la DCMA, mutis total. Así que todos los conciliadores se colgaron del CAL para reabrir sus puertas. Y la DCMA, recién 2 semanas después publicó una pequeña norma diciendo que “la conciliación está comprendida en esas actividades jurídicas”. Estoy seguro que muchos conciliadores lloraron y no de gusto sino de rabia e impotencia; ¡15 días para decir algunas líneas y nada más!
 

Desde entonces la conciliación sigue siendo presencial y anacrónica, obsoleta y desfasada. Cuando veo los edificios modernos, llenos de todos los adelantos que se construyen en el Perú, me siento orgulloso de que mi país cada vez se parezca a una sociedad progresista, de vanguardia, exitosa. Pero llego a mi oficina en el Centro de Conciliación y recuerdo que debo llenar el libro control de expedientes a mano (¡a mano!) y escrito a lapicero y me doy cuenta que seguimos siendo un país del tercer mundo. Un mendigo vestido con atavíos de lujo. Pero mendigo al fin.
 

Es hora que la conciliación extrajudicial se haga virtual. Por la razón o la fuerza, pero debe hacerse virtual. Y modernizarse para permitir que la tecnología mejore el servicio. El “o si no…” no sirve más. Es hora ya del cambio.

*Genaro Uribe Santos. Abogado, profesor universitario, especialista en derecho conciliatorio, conciliador y capacitador extrajudicial en conciliación, acreditado por el MINJUS.