Hace unos días, los medios de comunicación de todo el país anunciaban que el Poder Judicial había admitido la demanda interpuesta por Sunat contra los fiscales del Equipo Lava Jato. Si bien estas afirmaciones son correctas, la historia que enfrenta a la administración tributaria contra los fiscales viene de tiempo atrás.

Para ser exactos, del 5 de marzo del año pasado, cuando el procurador público de la Sunat interpuso una demanda de amparo, ante el 11° Juzgado Constitucional de Lima, contra el fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, el fiscal superior Rafael Vela Barba y el Procurador del Ministerio Público. La administración tributaria alegaba la vulneración del derecho al debido proceso, específicamente el derecho a la tutela penal y el derecho a una debida motivación de las resoluciones.

En su momento, el Poder Judicial no admitió la demanda a trámite, frente a lo cual Sunat apeló la decisión. La semana pasada, el Poder Judicial decidió admitir la demanda contra los fiscales.

¿De qué acusa Sunat a los fiscales?

Sunat señala que interpuso la acción debido a que se vio impedida de acceder a la tutela penal efectiva a la hora de cuestionar una “indebida aplicación” del Acuerdo de Colaboración y Beneficios celebrado con la empresa Odebrecht.

Lo que dice Sunat es que el Acuerdo de Colaboración y Beneficios firmado con Odebrecht no comprendía delitos tributarios. Es decir, el documento no contempla la exención de la persecución penal en materia tributaria para los beneficiarios, por lo que no corresponde justificar las disposiciones fiscales emitidas en el referido acuerdo. Además, Sunat argumenta que el Equipo Especial de Fiscales no tenían la competencia para investigar o conocer los delitos tributarios en los que hubieran incurrido los exfuncionarios de la empresa brasileña.

Sunat indica que la resolución de archivamiento de su denuncia penal contra las exfuncionarios de Odebrecht por la presunta comisión del delito de defraudación tributaria en agravio del Estado, emitida por los fiscales Lava Jato, fue indebidamente motivada, utilizando argumentos falaces e irrelevantes. Asimismo, sostiene que la denuncia penal interpuesta por Sunat se basó en hechos y medios de prueba que la misma Superintendencia recabó en el contexto de un procedimiento de fiscalización tributaria que inició a Odebrecht, precisando que la empresa entregó la información voluntariamente.

Por todo esto, Sunat solicitó que se declaren nulas las dos disposiciones fiscales emitidas por el fiscal provincial Pérez Gómez y el fiscal superior Vela Barba respectivamente. Las mismas que excluyen a los exfuncionarios de Odebrecht Jorge Barata, Nelson Vieira y Juan Carlos Velarde.