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Los acuerdos gobierno a gobierno en el Perú

Los acuerdos gobierno a gobierno en el Perú

Juan Carlos Meléndez: “El Perú necesita, hoy más que nunca, ejecutar los grandes proyectos que ayuden a reducir las brechas y reactivar a la economía mediante la generación de empleo directo e indirecto, y estos acuerdos (G2G) ayudan en el corto y mediano plazo, pero no son la panacea ni la solución a nuestros problemas como país”.

Por Juan Carlos Melendez Zumaeta

martes 13 de abril 2021

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  1. CONTEXTO

 

Hace pocos días, el gobierno anunció que el Perú había suscrito un acuerdo gobierno a gobierno con Francia para la asistencia técnica en construcción de la nueva carretera Central que integrará al departamento de Lima con la carretera Longitudinal de la Sierra, 136 kilómetros con túneles y viaductos aéreos, con un monto de inversión de 11,571 millones de soles.

Asimismo, se anunció que el gobierno de Francia dará asistencia técnica a la construcción de la vía expresa Santa Rosa, agilizará la llegada y salida al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez al conectarlo con la vía Costa Verde a través de un viaducto elevado de 3.6 kilómetros. En este caso se invertirán 819.7 millones de soles. 

  1. ANÁLISIS

 

Siempre las novedades referidas a la ejecución de inversiones son buenas noticias en un país como el nuestro, donde existe una gran brecha de infraestructura, y donde sucesivos gobiernos, a lo largo de los últimos 40 años, no la han logrado reducir de manera significativa.

Mucho se ha hablado de sobre los acuerdos gobierno a gobierno que se vienen implementando en los últimos años en los proyectos de infraestructura en el país, y muchas de las opiniones vertidas en torno a ellas, tanto las que están en contra como las que están a favor, parten del desconocimiento de su contenido y su aplicación en el ámbito de la contratación pública nacional.

En el Perú se han suscrito acuerdos de gobierno a gobierno de similar naturaleza anteriormente, como aquellos celebrados con el Reino Unido para la ejecución de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y las obras de reconstrucción por el desastre del Fenómeno del Niño.

En principio, debemos preguntarnos, ¿por qué los ciudadanos en general ven positivos los acuerdos gobierno a gobierno?, como aquellos suscritos con el Reino Unido para la ejecución de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y las obras de reconstrucción por el desastre del Fenómeno del Niño. ¿Es acaso que los funcionarios nacionales no están capacitados para ejecutar sus propios proyectos? ¿O es que las leyes peruanas son tan engorrosas que impiden la ejecución de proyectos?

Para responder estas preguntas es necesario primero tener en cuenta el contexto en el que nos encontramos. Los escándalos de corrupción han sumido al Estado peruano en una de las crisis reputacionales más profundas de su historia. Hagamos un simple recuento.  Desde el retorno de la democracia en 1980, sin contar al actual gobierno de transición, hemos tenido 8 presidentes, la mayoría de los cuales han sido imputados directamente en sonados casos de corrupción. Por consiguiente, es natural que si el Perú suscribe este tipo de acuerdos gobierno a gobierno con países que tienen estándares de compliance más desarrollado que el nuestro, se genere más confianza en el mercado y en la ciudadanía.

Por otro lado, debemos tener en cuenta los problemas y retrasos en la ejecución de los proyectos de las obras contratadas bajo los alcances de la norma general de contratación pública, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF. A pesar de que la normativa fue publicada el año 2014 ha sido objeto de un sinnúmero de modificaciones.

Los resultados a lo largo de los últimos años han sido desalentadores, impidiendo que la población acceda a servicios básicos y a los beneficios de desarrollo, siendo que, por lo general, las obras terminan costando mucho más de lo proyectado y son ejecutadas en el doble o triple de tiempo o, peor aún, quedan inconclusas y abandonadas para siempre.

La Contraloría General de la República realizó un “Reporte de Obras Paralizadas 2019”, cuyo objeto fue contar con información sobre las obras paralizadas en los niveles de gobierno nacional y regional al 31 de julio de 2018.  Dicho Reporte indicaba que el 57% de las obras ejecutadas por el Gobierno nacional y el 43% ejecutadas por los gobiernos regionales se encontraban paralizadas, es decir más de la mitad de las obras del país, lo cual es escandaloso y alarmante.

No se pude culpar per se a la Ley de Contrataciones de Estado de este fracaso, ya que hay que tener en cuenta otros factores como ineficiencia de las instituciones públicas, falta de funcionarios técnicamente capacitados y, claro está, la corrupción.

Sin embargo, hay que reconocer que la normativa de contratación pública genera muchas incentivos perversos que, en buena cuenta, pueden representar un buen negocio para un contratista negligente y carente de ética: “Mientras más demoro la obra, gano más plata”, lo cual, lamentablemente, no es alejado de la verdad si vemos que con cada adicional o ampliación de plazo pueden cobrar mayores utilidades y gastos generales. Esto lleva a que muchos contratistas se dediquen a buscar defectos en los expedientes técnicos en lugar de soluciones y a buscar abogados en lugar de buenos ingenieros.

A modo de ejemplo, en los acuerdos gobierno a gobierno suscritos con el Reino Unido  para la ejecución de las obras de los Juegos Panamericanos y las grandes obras de reconstrucción, se aplicaron los contratos NEC (New Engineering Contract). Estos son modelos de contratos con cláusulas sencillas escritas por ingenieros pero susceptibles de ser entendidas fácilmente,  en los que priman el espíritu colaborativo de las partes antes que el litigioso, que están basados en el principio de “valor por dinero” y estructurados sobre esquema de premios y bonificaciones que incentivan al contratista a innovar y proponer soluciones que  acorten el tiempo de ejecución de las obras y que reduzcan el costo, por lo que tendremos contratistas que se dediquen a buscar buenos ingenieros en lugar de abogados.

  1. CONCLUSIONES

Independientemente del tipo de contrato que se vaya a utilizar en la ejecución de los proyectos encargados al gobierno de Francia, entendemos que tendrían que contemplar similares principios, donde prime el concepto del valor por el dinero, donde se imponga un espíritu colaborativo antes que el litigioso y que aproveche las sinergias de las partes mediante mecanismos que generen los incentivos adecuados.

El Perú necesita, hoy más que nunca, ejecutar los grandes proyectos que ayuden a reducir las brechas y reactivar a la economía mediante la generación de empleo directo e indirecto, y estos acuerdos ayudan en el corto y mediano plazo, pero no son la panacea ni la solución a nuestros problemas como país. La primera tarea del próximo gobierno es recuperar la confianza de la ciudadanía y el mercado en sus autoridades e instituciones, debiendo convocar para ello funcionarios técnicamente preparados y con sólidos principios éticos, para que quizá, en un futuro no muy lejano, no necesitemos de ningún acuerdo gobierno a gobierno para ser eficientes.

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