Para que la acusación fiscal respete y garantice el derecho a la defensa, se deben imputar de manera suficiente los hechos, así como los elementos típicos del delito imputado y cómo es que estos se cumplen, los medios de prueba que sustentan las aseveraciones, los agraviados y demás cuestiones que permitan tener un panorama preciso de la supuesta comisión delictiva.

Así lo estableció la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en la Casación N° 883-2019-Arequipa.

¿Cuál fue el caso?

En el presente caso, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República tomó conocimiento del recurso de casación presentado por el Ministerio Público contra la sentencia de vista que confirmó la absolución en primera instancia de un individuo acusado del delito tenencia ilegal de armas de fuego.

Los hechos que dieron origen al proceso se originaron el 12 de noviembre de 2015, fecha en la cual el imputado, portando un arma de fuego sin tener licencia para ello, disparó a su exconviviente y le causó la muerte. Frente a ello, fue condenado por el delito de feminicidio; sin embargo, fue absuelto por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego.

¿Qué dijo la Corte Suprema?

Luego de analizar la sentencia cuestionada, la Corte Suprema determinó que la acusación fiscal no había precisado de manera detallada la construcción fáctica y probatoria del caso, ya que los hechos que constituirían el delito de tenencia ilegal de armas no fueron señalados de forma independiente al del delito de feminicidio, así como no se establecieron de forma clara los elementos que configuran el delito señalado.

En ese sentido, para que la acusación fiscal respete y garantice el derecho a la defensa –en este caso, absolución de cargos por parte de la defensa–, la Sala Permanente señaló que se deben imputar de manera suficiente los hechos, así como los elementos típicos del delito imputado y cómo es que estos se cumplen, los medios de prueba que sustentan las aseveraciones, los agraviados y demás cuestiones que permitan tener un panorama preciso de la supuesta comisión delictiva.

Bajo los criterios señalados, la Corte Suprema precisó que solo en ese caso “(…)  el acusado recién está en condiciones de ejercer cabalmente sus derechos a la defensa y la prueba, pues formal y materialmente puede establecer cuál será su tesis de defensa”. En ese sentido, declaró fundado el recurso de casación y dispuso la nulidad tanto de la sentencia de vista como de la de primera instancia.

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