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Congreso y Defensoría del Pueblo proponen que investigados por terrorismo no sean designados ministros

Congreso y Defensoría del Pueblo proponen que investigados por terrorismo no sean designados ministros

La bancada de Avanza País presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con el fin de evitar la designación de ministros investigados, procesados o sentenciados por delitos. Asimismo, la Defensoría del Pueblo propone ampliar los requisitos para la designación de ministros. Entérate más aquí.

Por Redacción Laley.pe

viernes 20 de agosto 2021

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Yessica Rosselli Amuruz Dulanto, congresista de la bancada Avanza País, presentó proyecto de ley que busca incorporar prohibiciones a la juramentación de ministros, mediante la modificación del artículo 15 de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Mediante el Proyecto de Ley 037-2021-CR, la bancada de Avanza País propone la prohibición de juramentar como ministro de Estado a ciudadanos que estén siendo investigados, procesados o que tenga sentencia condenatoria por delitos de violación sexual, narcotráfico, apología, omisión de prestación de alimentos, cohecho, soborno, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

Así, se enfatiza que si alguno de los ministros llega a ser investigado o procesado por alguno de los delitos de la lista será removido de su cargo y el presidente deberá buscar un remplazo.

De igual modo, se puede leer en el documento que ningún ministro podrá generar dudas de vinculación, por lo cual hasta la fecha anterior y durante el mandato no deberían ser investigados ni mucho menos ser sentenciados.

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Asimismo, expresó que “no se trata de cuestionar la presunción de inocencia, sino de construir una base sólida para el buen gobierno sin incurrir en abuso de los juramentos o en desviación de poder, manteniendo un ejercicio proporcional, racional y razonable del poder, respetando el Estado de Derecho y libertades fundamentales”. Además, considera que con el proyecto se evita posibles conflictos de interés. Así, resulta inaceptable que ministros de Estado puedan estar vinculados con actividades ilícitas e inmorales que justamente son objeto de lucha, se enfatizó en la formula legislativa.

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Cabe resaltar que, de aprobarse el proyecto, se ordenaría al presidente Pedro Castillo destituir del cargo de primer ministro a Guido Bellido, investigado por lavado de activos y apología al terrorismo. Así, esta iniciativa se da ante la oposición del Congreso por la designación de ministros supuestamente vinculados al Movadef y a Sendero Luminoso.

Propuesta de la Defensoría del Pueblo

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo propone que se incorpore el artículo 15-A en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que busca agregar requisitos para el ejercicio del cargo como presidente del Consejo de Ministro o ministro de Estado.

Dicho proyecto agrega los siguientes requisitos:

  • No se deberá contar con sentencia condenatoria emitida en primera instancia por la comisión de delito doloso.
  • No haber sido indultado o amnistiado como consecuencia de una condena por la comisión de un delito doloso, de carácter pluriofensivo o que suponga un atentado contra los poderes del Estado y el orden constitucional.
  • No haber sido inhabilitado por sentencia judicial firme.
  • No contar con acusación fiscal respecto de delitos pluriofensivos, de lesa humanidad, que atenten contra la integridad territorial y de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar; ni haber sido condenado por negarse a reconocer hijas/os, ni por omisión de asistencia familiar.
  • No haber sido destituido de la administración pública por falta muy grave o por infracción al régimen de transparencia.

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Asimismo, agregan que el presidente del consejo de ministros y cada ministro deberán suscribir una declaración jurada que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos. La cuales deberán ser entregadas en un plazo de dos días entre la juramentación y antes de la cuestión de confianza.

Por último, señalan que esta propuesta resultaría beneficiosa debido a que permitirá contar con ministros de Estado que cumplan una serie de requisitos adicionales con el objetivo de promover un Estado eficiente en la administración de los servicios públicos y comprometidos con los deberes que la propia Constitución impone.

Lea y/o descargue los proyectos aquí:

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