Tras la aprobación de la Ley Nº 31288, que devuelve la capacidad sancionadora en materia de Responsabilidad Administrativa Funcional, la Contraloría ha emitido una resolución que incorpora el reglamento que regula de manera más detallada los aspectos del procedimiento y las sanciones para aquellos funcionarios que cometan dichos actos.

Así, la Resolución de Contraloría Nº 166-2021-CG detalla aspectos del proceso, los alcances de las infracciones, graduación de las sanciones y circunstancias agravantes o atenuantes. Asimismo, por medio de este se deja sin efecto el anterior reglamento de infracciones y sanciones, Resolución de Contraloría Nº 100-2018-CG.

Te detallamos cuáles son los alcances de la sanción, las circunstancias agravantes y atenuantes en el nuevo reglamento.

Sanciones a funcionarios o servidores públicos

Aquellos que incurren en infracción serán sancionados con inhabilitación para el ejercicio de la función pública de la siguiente manera:

• Infracción muy grave: no menor de un (1) año hasta cinco (5) años.
• Infracción grave: no menor de sesenta (60) días calendario ni mayor de un (1) año.

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Impedimentos

Las sanciones antes señaladas impiden la realización de actividades que representen el ejercicio de la función pública por parte del administrado sancionado. Asimismo, no se permitirá que el sancionado pueda obtener un nuevo cargo, empleo, comisión de carácter público, celebrar contratos administrativos de servicios o contratos de cualquier naturaleza para el ejercicio de función pública en cualquier entidad del Estado.

Consecuencias de la sanción

De igual modo, el tiempo de inhabilitación genera la perdida de la capacidad legal y la extinción del vínculo jurídico. Así, cuando se trata de una sanción mayor a 6 meses se genera la pérdida de la capacidad legal del servidor sancionado y la consecuente extinción del vínculo jurídico de cualquier naturaleza que pudiera mantener el administrado sancionado con una entidad, para la prestación de función pública, a partir de la fecha de eficacia de la sanción.

Por otro lado, si la sanción en menor o igual a seis meses se genera, solo, la pérdida de capacidad legal, por lo que la entidad aplicará las medidas correspondientes.

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Circunstancias agravantes y atenuantes

La norma considera como circunstancia atenuante la subsanación voluntaria, por el administrado, del acto u omisión imputado como infracción, o la reparación del perjuicio económico. Asimismo, se considera la actuación funcional en privilegio de intereses superiores de carácter social, o relacionados a la vida, integridad, salud, u orden público, cuando, en casos diferentes a catástrofes se hubieran adoptado acciones inmediatas para evitar su inminente afectación o superar los efectos adversos generados.

De igual modo, el reconocimiento de la infracción imputada de manera expresa genera la disminución de la sanción. Así como la condición de denunciante del que ha sido autor o coparticipe de los hechos que configuran la sanción y la colaboración en el procedimiento sancionador.

La subsanación, el reconocimiento o la calidad de denunciante generan la graduación de la sanción en el tercio inferior de la escala que corresponde a la infracción cometida.

Por último, en el caso de las circunstancias agravantes se considera como cualificadas, la reincidencia en la comisión de la infracción y la concurrencia de infracciones. Asimismo, los agravantes genéricos son el beneficio ilícito resultante de la comisión dela infracción, la gravedad de la infracción cometida, el perjuicio causado o efecto dañino producido, la reiteración y la existencia de intencionalidad.

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