La crisis sanitaria ha colocado en la palestra de la discusión diversos aspectos de interés público, siendo uno de los más apremiantes el que atañe al ámbito educativo, pues a pesar de los esfuerzos desplegados, el Estado no logró abarcar todo el territorio nacional y en algunos casos lo hizo de modo parcial y con severos vacíos, agravando así las brechas existentes en esta materia.

Fue a consecuencia de la imposición de las medidas de aislamiento social y en salvaguarda de la salud e integridad de los educandos, que el Minedu dispuso el cierre inmediato de las escuelas, siendo que más de 6 millones de escolares que accedían a la educación pública iniciaron el año escolar a través de la estrategia de educación a distancia “Aprendo en Casa”.

A pesar de los esfuerzos, los porcentajes de deserción escolar se han elevado significativamente. Así, el Minedu ha estimado que 230 mil estudiantes abandonaron las clases en el 2020, y que al 2021 esta cantidad se elevaría a más de 300 mil, que constituye el 15% de la matrícula nacional. Estas brechas también se han agravado para aquellos estudiantes que presentan alguna discapacidad, donde un 89% no habría accedido a la educación en el decurso del 2020. El panorama se torna más preocupante si analizamos la situación política y las consecuencias económicas que trajo consigo la pandemia. Esto último se acentuará aún más sin la adopción de medidas inmediatas relacionadas a la capacidad económica de miles de familias, cuyos hijos tendrán que migrar de la educación privada a la pública.

Lamentablemente, la estrategia “Aprendo en Casa” no ha cumplido a cabalidad el objetivo de llegar de manera eficiente a todo el país. Ello se desprende de diversos informes de control emitidos entre el 2020 y 2021 por la Contraloría, que identificaron las deficiencias y limitaciones en diversas medidas, así como la incapacidad para brindar y mantener una educación de calidad.

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La Veeduría Escolar de la Contraloría –como parte del programa de Auditores Juveniles, conformada por docentes, padres de familia y estudiantes a nivel nacional– ha expuesto que el 72% de estudiantes tiene como principales obstáculos para acceder a este programa las fallas y limitaciones en el servicio de internet.

De igual forma, en un operativo desplegado durante el 2021 para verificar la entrega de tabletas a sectores vulnerables, el 43% de escolares y docentes afirmó no haber recibido oportunamente estos equipos ni sus complementos. Sumado a ello, el plan de datos contratado por el Minedu no contaba con cobertura en algunas zonas de 14 departamentos del país.

Dicho esto, conviene reflexionar sobre el inminente retorno a las clases presenciales y la reapertura segura –en condiciones óptimas– y efectiva de las escuelas en todo el país, sin descuidar la calidad de la enseñanza; para lo cual, el Estado tiene la obligación de dar atención prioritaria en esta materia, advirtiendo las deficiencias y omisiones de algunos gestores públicos con limitada visión estratégica y ejecutiva, que confluye en la ralentización de la calidad y efectividad de la educación; y buscando revertir el porcentaje de deserción como efecto de la pandemia.

Prepararnos para el retorno a las escuelas públicas, que albergarán a más de 300 mil nuevos estudiantes, precisa de medidas urgentes y eficientes, donde el factor tecnológico sea una prioridad; el acceso a internet, un derecho garantizado para todos los estudiantes; y, las capacitaciones a los docentes, una exigencia que coadyuve a su mejor desempeño.

En ese sentido, la adopción de políticas públicas y acciones para lograr una auténtica educación inclusiva y de calidad no puede postergarse, en aras del fortalecimiento de la formación de los estudiantes, futuro de nuestro país.

Nelson Shack Yalta. Contralor General de la República.