La entrevista realizada al mandatario Pedro Castillo publicada el viernes 21 en Hildebrant en sus trece reproduce el absoluto silencio que este gobierno ha impuesto al documento sobre políticas judiciales que publicó el Consejo para la Reforma de la Justicia al final del periodo del presidente Sagasti y del ministro Vega.

César Hildebrant pregunta a Castillo por dos cosas que estaban en sus promesas de campaña, aunque nunca hayan tenido sentido alguno: La elección popular de los jueces (pero los jueces no deben hacer campañas electorales, bajo ningún concepto) y la clausura de la Defensoría del Pueblo (innecesario comentar el tamaño de esta insensatez).

Castillo se limitó a decir que sin pandemia podría haber avanzado en ambas direcciones. Nada más.

Tampoco hubo repreguntas.

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Pero veamos: Las dos proclamas de campaña de Castillo, convertir a los jueces en personajes electorales obligándolos a hacer campañas por votos y cerrar la Defensoría del Pueblo, no han estado jamás en la agenda de ningún experto en políticas judiciales que conozca. En ninguna.

Pero, además, desde las elecciones, la agenda sobre política judiciales ha cambiado. Está sin discutir, ya lo he dicho, el documento de políticas del Consejo de Reformas. Pero está también por definir la cuestión sobre la autonomía de la Procuraduría General, la necesidad de reconformar la Junta de Fiscales Supremos, desmantelada después de las destituciones derivadas del caso de los llamados “cuellos blancos” y el enorme problema que con razón ha generado la reciente Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso sobre los procesos de evaluación y ratificación de magistrados, la sentencia del caso Cuya Lavy vs Perú.

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Parece que el Ministerio de Justicia no tomó nota de nada o no le habla al presidente. Porque ante la pregunta de Hildebrant, Castillo no pudo describir el impacto que producen los cambios en la escena. Habría sido una manera objetiva de desengancharse de una agenda inicial que no tenía sentido. Castillo se limitó, sin embargo, a repetir que sin pandemia habría podido desarrollar las cosas insensatas que propuso en la campaña.

Entonces el presidente, en lo que respecta a la justicia, nos ha confirmado no tener idea de lo que está pasando, y nadie que lo advierta.

Pero necesitamos justicia ¿o no?

Un alarmante nada que nos debería llevar a abrir todos los debates.

César Azabache Caracciolo: Abogado en ejercicio, fundador de Azabache Caracciolo Abogados, miembro del Instituto Peruano de Ciencia Procesal Penal y del Consejo Consultivo de la Revista Gaceta Penal. Está ubicado entre los tres expertos en casos penales más influyentes del medio conforme a Chambers & Partners y a Enfoque Económico.