El Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República el Proyecto de Ley Nº670-2021-PE que propone establecer sanciones eficaces para los jueces que incumplan la celeridad y la congruencia en los procesos sumarísimos, así como precisar sus deberes, infracciones, sanciones y criterios de evaluación en todos los procesos judiciales.

Proyecto de ley propone la suspensión e incluso la destitución de los jueces que incumplan con dictar sentencia en los plazos establecidos para los procesos sumarísimos, como los de pensión de alimentos y desalojos.

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¿Qué incorpora el proyecto de ley?

El referido proyecto de ley incorpora el artículo 55-A a la Ley Nº29277, Ley de la Carrera Judicial, en lo referido a las faltas y sanciones en los procesos sumarísimos.

Los jueces recibirán una sanción de suspensión de 12 a 18 meses si no emiten, de manera injustificada, su pronunciamiento sobre la pretensión dentro de los plazos legales establecidos, deciden sobre materias ajenas a las solicitadas por las partes o que se debieron tramitar en una vía procesal distinta.

En caso de reiteración en las infracciones, se aplicará la destitución. Esta figura se configurará a partir de la segunda comisión de una misma falta, plantea la iniciativa.

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¿En qué se sustenta el proyecto?

En la sustentación de motivos, el Gobierno señala que los procesos sumarísimos, en la práctica, incumplen el objetivo de brindar una tutela especialmente célere para las controversias ventiladas en este contexto. Por este motivo, los plazos para resolverlos muchas veces se dilatan.

El proyecto cita un informe del Banco Mundial en el cual se indica que en el Perú los procesos sumarios, concebidos como más céleres y con pocas formalidades, pueden durar como mínimo siete meses, tres más de lo que se tardan en México. En algunas ciudades se prolongan hasta 18 meses, como Arequipa.

Un estudio del 2015 encontró también que los procesos de desalojo, tramitados por la citada vía procesal, duraban en promedio 4 años y 3 meses (51 meses); es decir, 46 meses más (3 años y 8 meses) que el plazo previsto por ley.

En ese contexto, el Gobierno resalta el importante impacto social de este tipo de procesos en los cuales se resuelven asuntos como desalojos, interdictos, alimentos, entre otros de urgente tutela, urgencia que implica la necesidad de celeridad en las soluciones.

Puede acceder al proyecto AQUÍ.