En el Perú, se ha programado para los próximos años la construcción de obras públicas en infraestructura, en los sectores transportes, comunicaciones, riego, electricidad, agua, saneamiento, salud y educación, entre otros, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico estimulando sectores no tradicionales de la economía. Muchas de estas obras de infraestructura deberán ser construidas total o parcialmente en terrenos de propiedad de privados. Para expropiar de estos predios, el Estado deberá apoyarse en una legislación eficiente, que permita adquirirlos con la celeridad requerida, dentro del respeto a la seguridad jurídica.

En el informe especial de este número se analiza el régimen de las expropiaciones en el Perú, el contenido e interpretación de las causales de expropiación, los bienes objeto de expropiación, la indemnización justipreciada, la requisición, entre otros aspectos. Además, se realizan críticas y sugerencias, en búsqueda de la continua mejora de esta importante institución jurídica.

Por otro lado, en la sección civil y procesal civil se analiza la causa de justificación de la aplicación de responsabilidad objetiva, que recae sobre el sujeto principal y no el subordinado, teniendo en cuenta que quién causa el daño es este último, ya no entendida como aplicación objetiva sino desde un ámbito lógico racional. Ahora, en la ejecución de la función se presentan dudas sobre en quién debe recaer la responsabilidad en el momento del daño, a pesar de que sea objetiva; sin embargo, el análisis jurídico busca establecer como punto de partida de la función delegada, y no desde el daño en sentido estricto.

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Por su parte en la sección penal y procesal penal se efectúa un análisis sobre la forma de aplicación de los elementos objetivos del delito de cohecho pasivo específico. Al respecto se desarrolla dicho delito desde la intervención de los funcionarios hasta la participación o ejercicio de funciones públicas como fundamento para que el Derecho Penal considere a una persona como funcionario o servidor público, independientemente del régimen laboral o contractual. Asimismo, se sostiene que, según la configuración típica del delito, se ha entendido como cohecho pasivo la acción de solicitar o recibir una ventaja por la ejecución de un acto propio de su cargo, mientras que el activo consiste en la acción de un particular de ofrecer una ventaja al funcionario para obtener de él algún tipo de beneficio.

Finalmente, las diversas modificaciones a los procesos constitucional introducidas por el Código Procesal Constitucional son comentadas en la sección constitucional enfatizando lo que se considera como aciertos e inconstitucionalidades cometidos por el legislador. Así, se aborda los errores al regular la sentencia del amparo, la obligación impuesta al juez de utilizar los métodos clásicos de interpretación jurídica, la aplicación supletoria y de integración prevista en el Título Preliminar, el hábeas data con patrocinio de abogado, entre otras cuestiones.

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Estos y otros temas de interés son desarrollados en la edición de noviembre de Actualidad Jurídica.