La moción de vacancia presentada contra el presidente Pedro Castillo es el reflejo del panorama político de un país colmado de desacuerdos constantes entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo.

Frente a este escenario, se vislumbra la necesidad de relanzar un nuevo acuerdo institucional que siente las bases de una estabilidad política a largo plazo. En esta entrevista, Francisco Eguiguren nos brinda sus apreciaciones sobre la problemática y las posibles soluciones. 

¿Cuáles son sus impresiones de las claves políticas actuales?

Eguiguren critica la improvisación continua de la clase política y de los actores políticos que llegan al poder en cada elección. Asimismo, señala la previsibilidad de la crisis política de este gobierno, tomando en cuenta la polarización electoral, los posteriores resultados electorales y la composición fraccionada del Congreso, como la que se tuvo en los gobiernos pasados de Pedro Pablo Kuczynski Martin Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti.

Un punto interesante en el que hace hincapié es que el mismo diseño constitucional concebido en la Carta del 93 funciona de manera distinta en función de los partidos políticos que integran el Parlamento y las relaciones de este con el gobierno de turno.

¿Qué falló en el diseño del período de democracia transicional del 2000-2001?

En opinión del exministro de Justicia los últimos más de 20 años han estado marcados por la grave carencia de dos elementos fundamentales para una democracia funcional: partidos políticos y representación.

El ciudadano se siente obligado a elegir a congresistas y presidentes sin sentirse realmente identificado ni representado. Ello se demuestra, por ejemplo, con las encuestan que señalan una alta tasa de desprestigio del presidente, y la alta y creciente desaprobación del Congreso.

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El proceso de transición valida la Constitución del 93, ¿esta esconde contradicciones?

Eguiguren comenta que el esquema constitucional del 93 y la política peruana dista mucho de la supuesta economía social de mercado planteada en la Constitución. Esta posee un esquema inequitativo porque es demasiado “neoliberal” y la palabra ‘’social’’ no se representa en la realidad.

Estas desigualdades y contradicciones se han desnudado con el efecto de la pandemia y la creciente informalidad de nuestro mercado laboral y nuestra economía.

Señala también que, si bien el Tribunal Constitucional, a través de sentencias, ha tratado de consolidar une economía social de mercado, ni los congresos ni los gobiernos las han adoptado.

¿Cómo buscar puntos de oportunidad para relanzar un nuevo acuerdo institucional?

Eguiguren considera que hay un sector del país de “ultraderecha” que a pesar de haber perdido las elecciones sigue buscando revertir el resultado. En esa línea, señala que sectores de la sociedad, fuera del escenario político, deben persuadir al Congreso a aceptar las reglas de los cinco años que dura el mandato presidencial, y desista de instrumentalizar instituciones, como la vacancia presidencial, que fueron concebidas para fines distintos.

Asimismo, señala que el ‘’golpe de Estado parlamentario’’ o la ‘’censura presidencial’’ es un mecanismo ajeno a nuestro sistema jurídico y político. Ello referido al supuesto entendimiento de que vacar a un presidente por incapacidad moral es cuestionar su conducta política, social o moral.

¿Cómo deben ser las legitimidades alternas en los procesos de transición?

Para Eguiguren, los procesos de transición llevados a cabo, en sus momentos respectivos, por Paniagua y por Sagasti, llevaron el destino del Perú a un buen puerto a pesar de venir de minorías políticas dentro del Congreso. En el caso Merino, en comparación, lo que sucedió fue que la población presentó una oposición clara contra el Parlamento, debido a la casi no existencia de respaldo ciudadano y falta de legitimidad, cuando Vizcarra sí gozaba de apoyo.

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¿Reconfiguración del gabinete ministerial?

Para Eguiguren, si bien la configuración actual del gabinete es parte del problema, no es el principal ni su cambio será la solución. Señala también que las intenciones de vacancia del Parlamento contra el presidente responden a intereses que no están direccionados a conseguir una estabilidad política. 

Por otro lado, hace hincapié en la importancia de reconocer que los resultados de las elecciones no expresan un apoyo al partido político ganador. La principal fuerza política que decidió el destino político fue el sector opuesto al fujimorismo, y lo que exige la población expresa un mensaje de necesidad de cambio y renovación.

Finalmente, el profesor de Derecho Constitucional señala que, si bien, en efecto, amplios sectores de la población esperan un cambio, este cambio debe llevarse a cabo dentro de marcos que permitan crear espacios de gobernabilidad más amplios y construyan una estabilidad política duradera.