A propósito de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que reactiva los efectos jurídicos del indulto humanitario que fue otorgado al exmandatario Alberto Fujimori en el 2017, César Azabache sostuvo una entrevista con la directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), sobre las acciones que debería tomar el Estado peruano frente a la problemática.

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Sobre este caso, cabe recordar que el pasado 01 de abril se llevó a cabo una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la que participaron representantes del Estado peruano y representantes de los familiares y víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta vs. Perú. El fin de dicha audiencia fue que la Corte IDH pueda reunir información adicional de cara a su pronunciamiento sobre la petición de medidas provisionales.

Posición de la Corte IDH frente a eximentes de responsabilidad

Viviana Krsticevic señala que la Corte IDH ha sostenido una jurisprudencia constante, respecto a casos suscitados no solo en Perú sino en otros países de Latinoamérica, sobre los eximentes de responsabilidad frente a graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.

Por ejemplo, en el fallo del 2001 sobre el caso Barrios Altos vs. Perú, la Corte IDH estableció que el otorgamiento de eximentes de responsabilidad frente a estos casos contraviene los derechos de las víctimas, en tanto constituyen obstáculos al acceso a la justicia y al esclarecimiento de la verdad.  

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¿Excepciones?

Viviana Krsticevic menciona que, en la sentencia de supervisión del 2018 sobre los casos Barrios Altos y la Cantuta vs. Perú, la Corte IDH estableció una serie de pautas o condiciones para que surja una posibilidad de mitigar las penas u otorgar beneficios a los responsables.

Estas pautas están relacionadas a un cumplimiento significativo de la condena, a la cooperación por parte del condenado, el pago de reparaciones, el reconocimiento de responsabilidad, entre otras.