En la presente edición de “En Conyuntura”, César Azabache sostiene una entrevista con el reconocido jurista Manuel Monteagudo Valdez, quien brinda comentarios sobre sus principales motivaciones para postular al concurso de magistrados del Tribunal Constitucional.  

Del Derecho Bancario al Derecho Constitucional

Manuel Monteagudo es abogado especialista y profesor en Derecho Bancario, además de ser gerente jurídico del Banco Central de Reserva del Perú.

Frente a ese estado de cosas, resulta de interés el “viraje” de entidad institucional, con su postulación al Tribunal Constitucional.

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Ante ello, Monteagudo comenta que uno de los derechos económicos fundamentales es el derecho a la estabilidad monetaria. En ese sentido, su vocación nace de tener experiencia profesional en el campo económico, en una institución que se ocupa de garantizar un derecho principal de la sociedad.

Asimismo, señala, por el ejemplo, que el reclamo de la independencia del banco central es para asegurar si finalidad principal y que esta se cumpla sin interferencias, logrando tener un país sin inflación. En todo ello encuentra el elemento del constitucionalismo.

El equilibrio económico como derecho

Acorde a la concepción de Monteagudo, el equilibrio económico es un derecho de la ciudadanía. Esta tiene derecho a un orden institucional que lo garantice, y entre sus componentes se encuentra el equilibrio monetario.

Así, la Constitución tiene instituciones económicas que le están garantizando a los individuos diversas cosas, entre ellas el equilibrio y la estabilidad económica.

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Por ejemplo, el régimen de protección al consumidor y la libre competencia debe tener una mayor potencia desde la Constitución, para poder cerrar así un elemento clave en la constitucionalidad económica.

Acerca de la sentencia del TC sobre la consulta previa

Manuel Monteagudo señala que la consulta previa es un principio que está reconocido en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos (SIDH), y está reconocido también en los instrumentos internacionales, como en los convenios de la OEA, siendo una forma de derivación del derecho de participación.

En ese sentido, es menester entender que la participación de la población legitima los procesos políticos, es necesario que nuestras instituciones sean reconocidas por la población.

Así, cualquier decisión institucional o gubernamental de recorte de derechos, es decir, que vaya de manera contraria a su garantía, es materia de preocupación.

En términos generales, nuestro sistema democrático necesita constantes procesos de legitimación; por ejemplo, que los mecanismos de consulta sean reconocidos en la Constitución y desarrollados a nivel legislativo. Ello es un elemento crucial, sobre todo en sociedades como la nuestra con altos niveles de estratificación y segmentación.