La congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani de la bancada parlamentaria Bloque Magisterial de Concertación Nacional presentó el Proyecto de Ley 3550/2022-CR que propone penalizar a los dueños de perros de «razas peligrosas» cuando sus canes ataquen a transeúntes.

En concreto, el proyecto busca incorporar un artículo al Código Penal para que los ataques de perros configuren el delito de lesiones culposas, es decir, quienes posean perros de «razas peligrosas» podrían ir a prisión hasta por tres años, pues la propuesta de redacción de esta modalidad delictiva únicamente menciona a los perros peligrosos o potencialmente peligrosos, en los siguientes términos: 

Artículo 124.- Lesiones Culposas
(…)

La pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años, si la lesión es provocada a consecuencia de un ataque de perro de raza peligrosa o potencialmente peligrosa, y requiera menos de veinte días de asistencia o descanso. Si la lesión es grave, de conformidad a los presupuestos establecidos en el artículo 121, la pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de seis años.

Es importante recordar que los delitos culposos se configuran cuando el agente no previó el resultado antijurídico (lesiones culposas), es decir, el dueño del perro peligroso pudo preveerlo, pero no lo hizo. En síntesis, de acuerdo al proyecto, el dueño reviste un deber de previsión.

¿Cuál es la justificación de esta propuesta? 

En el apartado de la exposición de motivos, el documento indica que en nuestro país se han dictado directrices sobre tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos y se han emitido diferentes ordenanzas municipales al respecto. Estos documentos contemplan medidas sancionatorias contra los dueños de perros de razas peligrosas, indica el proyecto. 

A renglón seguido, el proyecto cita la Ley que Regula el Régimen Jurídico de Canes para enlistar cuáles serían estas razas peligrosas: Pitbull Terrier o cualquier raza canina, híbrida o cruzada con ella (potencialmente peligrosa). Esta norma también contempla prohibiciones que los dueños de perros de razas peligrosas deben acatar, por ejemplo: el ingreso a espectáculos deportivos, culturales o lugares donde haya asistencia masiva de personas está prohibido, entre otras restricciones. 

Otro documento que enlista a los canes de razas peligrosas es la Ordenanza Municipal 325-2015-MDI, en cuyo contenido se enlistan las razas peligrosas: dogo argentino, fila brasilero, tosa japonés, bull mastiff, doberman, rottweiller y sus cruces; así como el híbrido American staforshire, bull terrier (pitbull) y sus cruces y todos aquellos que no aseguren su sociabilidad con los seres humanos. 

¿Cuáles serían las características de estos canes peligrosos?

Esta controvertida ordenanza ofrece diversas características que convierten a un perro en un peligro potencial, entre ellas, llama la atención que el pelo corto que un can pueda exhibir pueda caracterizarlo como peligroso. Estas son las características: 

a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.

b) Marcado carácter y gran valor

c) Pelo corto

d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetro, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg

e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas, mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta y extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado

Finalmente, la ordenanza precisa que los canes deben mantener bozal y estar sujetos a una correa con longitud máxima de 1.50 metros o collar de ahorque metálico.

Esta controvertida propuesta de ley asegura que las disposiciones emitidas a nivel de gobierno regional, provincial y local son insuficientes, ya que las noticias en nuestro país informan sobre un incremento de ataques sufridos por perros de razas peligrosas. En términos del proyecto, todas estas iniciativas no han surtido efectos prácticos y por ende es necesario acudir al derecho penal. 

Y es que las medidas sancionadoras administrativas, como la imposición de una multa, y la responsabilidad civil de cumplir con el resarcimiento por los daños sufridos (como es el pago de los servicios médicos), al parecer no han servido.

En el último apartado, la propuesta asegura que no le irrogaría gastos adicionales al Estado, ya que nuestro país cuenta con un sistema de justicia debidamente implementado. ¿Estás de acuerdo con esta iniciativa parlamentaria?