El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó los resultados de la audiencia pública en la que se sometió a votación el recurso de apelación del ciudadano Carlos Hinostroza Rodríguez contra la decisión del concejo municipal que desestimó su pedido de vacancia contra el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, por “incompatibilidad del cargo”.
El JNE declaró fundado el recurso de apelación. En consecuencia, Muñoz fue vacado del cargo y deberá asumir el teniente alcalde, Miguel Romero Sotelo.
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Cuestionamientos
Acorde a una investigación del portal Ojo Público, Miguel Romero Sotelo omitió en su hoja de vida como candidato y en su declaración jurada de intereses como funcionario que ha estado relacionado a cinco empresas del sector inmobiliario y constructor.
El próximo alcalde de Lima tampoco informó sobre los vínculos de su hija, su hermano y sus sobrinos con otras seis compañías que también incursionan en el rubro inmobiliario.
Una ex trabajadora de una de estas empresas, dirigida por las hijas de Romero Sotelo, labora actualmente con la actual gestión en la alcaldía de Lima.
Hoja de vida inmobiliaria
Asimismo, el historial de Romero Sotelo y su familia en los Registros Públicos revela que el teniente alcalde de Lima ha participado como fundador, gerente general, apoderado y director en cuatro empresas de su grupo familiar.
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Aunque existe registro de estos vínculos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Romero Sotelo no declaró estas relaciones en su hoja de vida ante el JNE ni en su declaración jurada de intereses, emitida como funcionario de la Municipalidad de Lima.
¿Por qué es importante la transparencia?
El marco normativo sobre declaración jurada de intereses establece que un funcionario público está obligado a revelar el lugar de trabajo de sus parientes cercanos como cónyuge, hijos, hermanos y sobrinos.
El objetivo principal de ello es reducir al mínimo el margen de posibles actos de corrupción y conflictos de intereses que el empleador público pueda tener con nexos privados.
El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, refiere que uno de los objetivos es ‘’brindar información de manera preventiva a las autoridades respecto a incompatibilidades de sus funcionarios”