Sobre las Rondas Campesinas: su ámbito de acción es netamente ruralGonzalo Gustavo Gonzales Gonzales: “Ni por ley, ni por reglamento, las rondas campesinas o comunales tienen competencias dentro de zonas urbanas o de expansión urbana (consolidadas o no), salvo -si y solo si- la zona urbana se encuentre dentro de la competencia territorial de una comunidad nativa”.
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Sumario: 1. Régimen jurídico. 2. Competencia territorial, ámbito de acción y personería jurídica. 3. Finalidad. 4. Conclusiones.
El régimen jurídico de las rondas campesinas se encuentra enmarcado por lo prescrito en la Ley Nº27908, Ley de Rondas Campesinas (publicada en El Peruano el 07/01/2003), en adelante “la ley”, que reconoce personalidad jurídica a las Rondas Campesinas como forma autónoma y democrática de organización comunal. Esta ley fue reglamentada por el Decreto Supremo Nº025-2003-JUS, Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas (publicada en El Peruano el 30/12/2003), en adelante “el reglamento”.
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De acuerdo con el artículo 5 del reglamento, las rondas campesinas solamente tienen competencia territorial en el ámbito rural, dentro o no de las comunidades campesinas o nativas (en este último caso no se denominan “rondas campesinas”, sino “rondas comunales”). Si se encuentran dentro de una comunidad campesina o nativa, deben sujetarse al Estatuto y a lo que acuerden los Órganos de Gobierno de la Comunidad, conforme lo prescribe el artículo 2 de la ley.
Si es que no se encuentran dentro de una comunidad campesina o nativa, pero siempre dentro del ámbito rural o de la comunidad nativa, pueden establecer sus propios estatutos e inscribirlos en Registros Públicos (lo que no es una condición necesaria para su reconocimiento y atribución de personería jurídica, esta ya les es reconocida por imperio de lo que manda el artículo 1 de la ley) para efectos de la debida publicidad registral (y de los bemoles que otorga este registro de seguridad jurídica) de sus actos y contratos inscribibles, así como de sus órganos de gestión, entre otros.
De lo expuesto en el párrafo anterior, puede colegirse que ni por ley, ni por reglamento, las rondas campesinas o comunales tienen competencias dentro de zonas urbanas o de expansión urbana (consolidadas o no), salvo -si y solo si- la zona urbana se encuentre dentro de la competencia territorial de una comunidad nativa. Es por ello que casos como su intervención en zonas urbanas (como recientemente ha ocurrido en la zona urbana del distrito de Tocache o como suele suceder en zonas urbanas del distrito de Moyobamba), no se condicen con lo permitido por las normas en comentario.
De acuerdo con el artículo 3 del reglamento la finalidad de las rondas campesinas o comunales es contribuir al desarrollo, la seguridad, la moral, la justicia y la paz social dentro de su ámbito territorial, sin discriminación de ninguna índole, conforme a la Constitución y a las leyes y colaborar en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial.
En el caso de rondas constituidas al interior de comunidades campesinas o nativas, su deber es el de colaborar con ellas en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales. Por ello se hace necesario un trabajo coordinado con ellas para que la justicia y costumbres ancestrales no estén ausentes en el ámbito rural.
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Como hemos podido apreciar, el desempeño de las actividades de las rondas campesinas o comunales no constituye una isla jurídica o ajena al respeto de la Constitución y las leyes peruanas.
Si bien existe un margen de autonomía al interior de las comunidades campesinas y nativas y, por derivación, al interior de sus respectivas rondas campesinas o comunales, conforme lo expresa la primera parte del artículo 4 del reglamento, no se encuentran sustraídas de la observancia del marco jurídico vigente y tampoco se permite que violen derechos fundamentales de la persona, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en la Constitución Política y las leyes, conforme lo prescribe la parte in fine del citado artículo.
Gonzalo Gustavo Gonzales Gonzales. Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo. Egresado de la Maestría en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Segunda Especialidad en Derecho de Protección y Defensa del Consumidor por la PUCP. Árbitro de Derecho. Profesor de Derecho Civil en la Universidad César Vallejo.
