En los últimos días un hecho de interés nacional ha generado gran revuelo: la elección de los nuevos seis magistrados del Tribunal Constitucional. En el Congreso, este proceso de elección estuvo desprovisto de debate previo.

La lista de seis candidatos propuesta por la comisión de elección al pleno ha sido aprobada íntegramente y se han registrado votaciones que exceden los 90 congresistas. En el caso de Manuel Monteagudo superan los 100.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también señaló que tienen conocimiento sobre las presuntas irregularidades en la sesión plenaria y la falta de escrutinio público en la comisión especial que se encargó de escoger a los candidatos.

Podemos ver pues que esta elección no está exenta de cuestionamientos, algunos de los cuales Úrsula Indacochea, miembro de la Fundación para el Debido Proceso, menciona en la entrevista brindada a “En Coyuntura”.

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¿Cuál es el objetivo del debate para la elección?

Úrsuela Indacochea señala pues que el debate tiene como objetivo convencer sobre las cualidades, los méritos de los candidatos y al no haber eso se puede suponer que la elección ya estaba acordada o simplemente no les interesa el mérito, el cual es el principal estándar que debe seguir un proceso de selección de este tipo.

Sobre los acuerdos de la junta de portavoces

Indacochea expresó pues que el hecho de que el acuerdo de junta de portavoces haya excluido el debate, cualquier cuestión previa, cualquier interrupción es una clara muestra de que existía un acuerdo previo sobre los magistrados que serían elegidos.

Otro acuerdo que la hace sospechar de que la elección estaba previamente acordada es el hecho de que se daba la opción de que la votación sea virtual cuando normalmente las fuerzas mayoritarias o las minorías más grandes tratan de que todos estén presentes para poder negociar allí en el hemiciclo, lo que es más difícil cuando no están presentes.

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Se han invertido los roles

Se ha dado al controlado, el Congreso, la facultad de nombrar a quien lo controla, los miembros del Tribunal Constitucional.

La manera en como el Congreso ha venido actuando desde hace unas semanas hace pensar en si realmente el Tribunal Constitucional puede controlar su actuación. Las reformas al tema de la Sunedu, al tema educativo e incluso, más atrás, con las reformas al Código Procesal Constitucional son actos que hacen pensar que los roles se han invertido.