La Defensoría del Pueblo rechazó la posible excarcelación de las personas investigadas en el caso del feminicidio de la activista Solsiret Rodríguez.

Asimismo, llamó la atención sobre la ausencia de la debida diligencia desde el inicio mismo de la denuncia y las demoras en el proceso que han originado esta situación, la cual refleja las falencias estructurales del sistema de justicia antes hechos de violencia de género.

Estereotipos de género

La Defensoría sostuvo que el caso tuvo un retraso desde la recepción de la denuncia por desaparición, ya que en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao no se le quiso recibir la misma al padre de la víctima, apelando a estereotipos de género que la revictimizaban.

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“Esta situación es inaceptable, ya que, como se ha advertido, las primeras horas en que está desaparecida la víctima son claves para ubicarla con vida, previo a un posible hecho de violencia conexo”.

Demoras en el proceso

La institución sostuvo que la ubicación del cuerpo demoró tres años y medio, a partir de lo cual se inició el proceso para sancionar a los presuntos responsables, el cual se dilató porque las dos primeras fiscales no realizaron ninguna diligencia. Recién el tercer fiscal a cargo solicitó y recibió apoyo logístico para desarrollar su labor, aunque las demoras impactaron en la recaudación eficiente de las pruebas del caso.

“Así, el juicio oral se inició el 4 de marzo de este año, programándose solo ocho sesiones hasta junio, pese a los pedidos de que se realicen audiencias más frecuentes para agilizar el proceso. A ello, se sumó lo informado por el Poder Judicial (PJ), que señaló que el Ministerio Público presentó la acusación virtual sin elementos de convicción”.

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Esto originó que, a pesar de las ampliaciones, se venciera el plazo de prisión preventiva para los acusados (25 meses en total), lo cual trajo como consecuencia la decisión de excarcelación previo pago de 60 000 soles y cumplimiento de medidas de comparecencia.

Riesgo de impunidad

La Defensoría planteó que ante ello la fiscalía debería solicitar al PJ la aprobación de impedimento de salida del país, para garantizar la presencia de los investigados en las sesiones y evitar la fuga e impunidad.

Finalmente, el organismo se comprometió a seguir supervisando este y otros casos en que se evidencien los problemas que afectan los derechos de las mujeres. Asimismo, reiteró la necesidad de habilitar diversas medidas para prevenir la violencia en los distintos niveles de nuestra sociedad.