El Ministerio Público informó que investigará al presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada con relación a los hechos que involucran a su exministro Juan Silva y a seis congresistas de Acción Popular.

Asimismo, la Fiscalía también indicó que las investigaciones en contra del presidente “tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa, y el respeto al artículo 117 de la Constitución Política”.

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La inmunidad presidencial

El artículo 117 de la Constitución establece la inmunidad presidencial.

“El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

La inmunidad es una prerrogativa funcional para el ejercicio del cargo que ostenta el máximo dignatario de la Nación. Su objeto es evitar que el mandatario sea constantemente perturbado por intereses políticos y no pueda desarrollar adecuadamente su gestión.

Ahora bien, de acuerdo con su naturaleza, esta prerrogativa no es absoluta. Tiene un carácter excepcional, teniendo solo un alcance específico dentro del proceso penal: la acusación. Así lo señaló la Defensoría del Pueblo en el oficio que cursó al Ministerio Público cuando la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió suspender las anteriores investigaciones contra el mandatario.

¿Cuál era la práctica de la Fiscalía frente a la inmunidad presidencial?

En el 2020, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió suspender todas las investigaciones en contra el presidente Martín Vizcarra, pese a que existían fuertes denuncias contra él por supuestamente beneficiar con contrataciones para el Estado a Richard “Swing” Cisneros y Fredy Herrera, su cuñado.

En aquel momento, el Ministerio Público informó que su “posición histórica” durante la vigencia de la Constitución Política ha sido la de no iniciar investigaciones en las denuncias formuladas contra los presidentes de la República, y como consecuencia de tal decisión, se ordenó el archivo de los actuado contra Vizcarra, pero se estableció de modo expreso que los hechos se investigarían a la culminación de su mandato.

Este mismo criterio volvió a ser utilizado por la fiscal Ávalos cuando decidió suspender las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo hasta finales de 2026, por los presuntos delitos cometidos en las licitaciones de Petro-Perú, Provías Nacional y los ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La decisión de la Fiscalía fue cuestionada desde distintos sectores. En aquel momento, el aún entonces defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, indicó que si bien la Constitución establece que no se puede acusar al mandatario durante su gestión, esta no prohíbe que se inicie una indagación. “No hay ninguna posibilidad, ni remota posibilidad de conocer la verdad luego de pasado cuatro o cinco años”, agregó.

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Reacciones frente a la nueva investigación contra Castillo

La Defensorio del Pueblo consideró importante la decisión del nuevo fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al ampliar la investigación contra el presidente de la República por su presunta participación en una organización criminal y la posible comisión de actos de corrupción en el sector transporte durante su gobierno.

Por su parte, el abogado penalista César Azabache saludó la decisión del Ministerio Público y recomendó una reforma del Código Procesal Penal que despeje cualquier duda sobre cómo interpretar la inmunidad presidencial y así evitar el esquema usado contra el expresidente Martín Vizcarra y el presidente Pedro Castillo.